La abogada María Caruajulca se presentó hoy en la sede de la Procuraduría General del Estado (PGE) acompañada de agentes policiales para exigir el cumplimiento de la medida judicial que ordena su reposición en el cargo.
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Caruajulca había sido designada como procuradora general por el expresidente Pedro Castillo, pero fue removida del cargo en octubre de 2022 bajo el argumento de “pérdida de confianza”, lo cual ella califica de ilegal.
La exprocuradora intentó ingresar al piso 8 del edificio, donde se encontraba su oficina, pero no se le permitió el paso. Ante la prensa, Caruajulca manifestó que tomará su cargo “por grado o fuerza” y anunció que presentará una denuncia por abuso de autoridad contra quienes le impidan asumir sus funciones.
Caruajulca defendió su gestión al frente de la PGE, afirmando que siempre ha actuado conforme a la ley y que cuenta con una trayectoria intachable de 30 años en la abogacía y 17 en la defensa jurídica del Estado.
Cabe recordar que algunos especialistas políticos cuestionan la idoneidad de Caruajulca para el cargo, argumentando su falta de participación en ciertas diligencias, como la del interrogatorio al expresidente Castillo.
Previamente, Caruajulca había enviado una carta notarial al actual procurador general, Javier Pacheco, solicitándole que deje el cargo de forma inmediata. En la carta, Caruajulca advierte a Pacheco que tomará acciones legales si no acata la medida judicial.
El Ministerio de Justicia tenía un plazo de tres días para ejecutar la medida de reposición, pero dicho plazo ya venció y la disposición judicial sigue sin cumplirse.
Caruajulca también señaló en su carta que el propio Pacheco ha presentado escritos al expediente judicial de su reposición, en un aparente intento de impedir su regreso al cargo.
Gobierno no acata la medida judicial
El Gobierno de la presidenta Dina Boluarte designó formalmente a Javier Pacheco como procurador general del Estado el pasado 4 de mayo.
La Primera Sala Constitucional de Lima ordenó la reposición provisional de Caruajulca al considerar que la Procuraduría actuó de manera “arbitraria e ilegal” al removerla del cargo alegando una “causal de pérdida de confianza” que no está prevista en la ley.
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