El presidente de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), Mauro Gutierrez, advirtió que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) preparaba medidas que desde su perspectiva podrían intervenir en las tarifas sobre el agua potable, así lo reveló en una entrevista con el diario Gestión.
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Además, Sunass emitió un comunicado explicando los riesgos que supondrían la injerencia política en las tarifas de agua. “Esta eventual injerencia política incentivaría el retorno a ineficientes modelos que fijaban las tarifas de agua sin análisis técnicos, perjudicando la sostenibilidad de los servicios de agua potable, desagüe y tratamiento de aguas servidas”, se lee en el comunicado de la entidad reguladora.
Los pronunciamientos de Sunass se deben a las reformas planteadas a través del Decreto Legislativo N° 1280, Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, en el marco de la delegación de facultades legislativas.
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento se pronuncia
A través de un comunicado oficial el MVCS rechazó contundentemente las advertencias de Sunass. “Tenemos la misión de hacer respetar el artículo 7-A de la Constitución Política del Perú: “El Estado reconoce el derecho universal y progresivo de toda persona de acceder al agua potable”, se lee al inicio del documento.
En ese sentido el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento rechazó el comunicado del ente regulador y “su contenido político y actitud antitécnica”.
“Reafirma que, a través de la delegación de facultades, no pretende regular las tarifas de los servicios de agua potable y saneamiento ni afectar la autonomía del organismo regulador, único responsable de la fijación de tarifas” se agrega en el comunicado.
Además, según detalla el ministerio, los cambios que plantea el Decreto Legislativo N° 1280 propone acabar con: “La fijación de tarifas por debajo de costos, con criterios políticos, que ponen en riesgo la sostenibilidad del servicio de agua y saneamiento” y “El uso de los recursos fiscales en subsidios ineficientes que afectan a la población más vulnerable”.
“Para lograrlo, se propone desarrollar: un sistema regulatorio moderno, basado en criterios internacionales y en la experiencia exitosa de otros reguladores nacionales. Un esquema de subsidio cruzado equitativo, debidamente discutido, que permita que la población más vulnerable acceda a un servicio oportuno de agua segura y a tarifas justas”, continua el comunicado.
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