Existe “una campaña soterrada” para buscar la destitución de la presidenta Dina Boluarte, a partir de una “judicialización de la política”, manifestó ayer el premier Gustavo Adrianzén, al comentar los 36 meses de prisión preventiva dictados contra Nicanor Boluarte, hermano de la jefa del Estado, acusado de integrar la red “Los Waykis en la sombra”.
“Esta es la historia que están tejiendo, y eso es lo que yo tengo que denunciar”, declaró Adrianzén ante periodistas de la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP).
Agregó que ha conversado con la gobernante sobre este tema y aseguró que ni la mandataria ni él saben “absolutamente nada sobre el paradero del señor Boluarte”.
Remarcó que esta campaña busca que la gobernante sea acusada de una presunta “incapacidad moral” para que luego el Congreso pueda destituirla.
Todos cierran filas
En el mismo sentido se pronunció el ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, al decir que la medida contra Boluarte “no tiene explicaciones técnicas” y que será utilizada para decir: “Presidenta, usted está comprometida, todo está mal, dé un paso al costado”.
Y desde Chiclayo, el ministro de Salud, César Vásquez, calificó la medida judicial como un “show mediático” y alegó que en política no hay casualidades. El Perú es el único país “donde primero te ponen preso y luego te investigan”, añadió.
Luis Vivanco, abogado de don Nicanor, afirmó que su defendido no es prófugo y que esperan que la apelación les sea favorable.