La Corte Suprema, presidida por el juez César San Martín, ha ratificado por unanimidad el dictamen de 36 meses de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo. De esta manera se desestimó la apelación presentada por la defensa legal del exmandatario.
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Esta decisión confirmó que Pedro Castillo permanecerá en prisión preventiva hasta el 8 de marzo del 2026, como parte de las investigaciones que se tienen en su contra por los presuntos delitos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias, así como supuestos crímenes durante su mandato en los ministerios de Transportes, Provías Descentralizado, Vivienda y Petro Perú.
Argumentos ilógicos e imprecisos
Tras los argumentos presentados por fiscalía y la defensa de Castillo Terrones, la Sala Suprema Penal Permanente, sostuvo que los alegados del exmandatario son carentes de relevancia y no cumplen los requisitos para justificar la revisión y revocación de la medida de prisión preventiva.
“Los videos y los instrumentales incorporados -en cantidad exigua- no resultan pertinentes, conducentes o útiles para adoptar una decisión en la presente revisión de oficio de la prisión preventiva. En realidad, están acompañados de alegatos interpretativos sin capacidad epistemológica para lograr el cometido del peticionante -el cese o la revocatoria de la prisión-, pues son ilógicos, imprecisos y vagos”, argumentó la Corte Suprema.
Además, cabe señalar que el pedido de la defensa ya había sido negado en primera instancia por el juez supremo de la Investigación Preparatoria, Juan Carlos Checkley.
La ratificación de la medida impuesta contra el ex mandatario se basa en los presuntos delitos de corrupción durante su gestión como presidente de la República, siendo uno de los procesos judiciales en su contra, junto al de rebelión por el golpe de Estado que perpetró en diciembre del 2022.