El expresidente Pedro Castillo, preso en el penal de Barbadillo, insistió ayer en que no cometió delito alguno cuando el 7 de diciembre de 2022 ordenó el cierre del Congreso y otras instituciones autónomas con el propósito de instaurar “un gobierno de excepción”.
“No he cometido el delito de rebelión. Solo leí un documento sin ninguna consecuencia. No ha habido argumento más que lo que dice un reportaje de televisión. ¿Desde cuándo leer un discurso se convierte en un delito de rebelión? ¿Desde cuándo un discurso tiene municiones?”, señaló Castillo durante la audiencia de control de acusación.
El exgobernante aprovechó la ocasión para interponer, a través de su defensa legal, un nuevo recurso pretendiendo anular la investigación por el golpe de Estado en su contra.
El juez Juan Carlos Checkley afirmó que este pedido se resolverá en la audiencia de 21 de mayo.
Otros investigados
En este caso también están involucrados los exministros Betssy Chávez (presa en el Penal de Mujeres de Chorrillos), Willy Huertas y Roberto Sánchez, así como Aníbal Torres.
Roberto Sánchez ha sido autorizado por el Poder Judicial para viajar a EE.UU. atendiendo a una invitación de la embajada de ese país en su condición de congresista, pese a que la Fiscalía advierte de una posible fuga.
La Fiscalía pide 34 años de prisión para el exmandatario y 25 años de condena contra Chávez, Huerta y Sánchez. Para el expremier Aníbal Torres solicita 15 años de cárcel.
A fines de junio se estaría decidiendo si Castillo y el resto de acusados van a juicio por el golpe de Estado.
