Dos decretos legislativos para fortalecer el control migratorio de los extranjeros que ingresan al Perú y expulsar a quienes delinquen aprobó ayer el Consejo de Ministros, anunció el premier Alberto Otárola tras la sesión encabezada por la presidenta Dina Boluarte.
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“A través de estos dos decretos legislativos, este grupo de extranjeros que viene causando daño a la sociedad peruana merecerá una acción inmediata por parte de nuestras autoridades”, enfatizó Otárola.
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“Nuestro principal objetivo es proteger a peruanos y extranjeros que están legalmente en nuestro país”, dijo Otárola.
Primer decreto
“El primer decreto legislativo modifica el Código Penal y permite la expulsión de los extranjeros, al término de su pena, cuando cometan delitos como homicidio, violación sexual, sicariato, secuestro, trata de personas, entre otros delitos”, refirió.
Acotó que el decreto -con valor de ley por las facultades delegadas del Congreso, que agradeció- también sancionará, drásticamente, a los extranjeros que promuevan el traslado ilegal de personas, así como el reingreso clandestino de los sentenciados a territorio peruano.
Severidad
“Sancionaremos drásticamente y esta es la la norma que hemos discutido y aprobado en el Consejo de Ministros para aquellos extranjeros que promuevan el traslado ilegal de personas, así como el reingreso clandestino e ilegal de los sentenciados”, indicó Otárola.
Segundo decreto
Sobre el segundo decreto legislativo aprobado, detalló, modifica el Código Procesal Penal, porque amplía el control de la identidad de los extranjeros, de 4 horas a 12 horas, a fin de contar con el tiempo suficiente para la verificación de antecedentes policiales, penales o judiciales en su país de origen o en cualquier otro país.
Más normas
También se aprobó ayer el endeudamiento interno hasta por S/100 millones a favor del Gobierno Regional de Moquegua como adelanto del canon minero.
En otro momento, Alberto Otárola resaltó que, tras reuniones de la presidenta Dina Boluarte, la gobernadora de Moquegua y los alcaldes de esta jurisdicción, se acordó un decreto supremo que aprueba tal endeudamiento interno de hasta S/100 millones como adelanto del canon minero.
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