El presidente de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) para Lima y Callao, José Aguilar Reátegui, presentó su renuncia al cargo. Así lo anunció el ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, este lunes 5 de febrero, durante la conferencia de prensa posterior a la sesión del Consejo de Ministros.
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El titular del MTC comunicó que la renuncia de Aguilar Reátegui surgió tras la revelación en el programa Panorama de una denuncia en su contra por el delito de colusión agravada. La acusación sostiene que presuntamente favoreció a una empresa mientras ocupaba el cargo de secretario técnico del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones (FITEL) durante el gobierno del expresidente Martín Vizcarra.
“El día de ayer hubo un programa periodístico hizo una serie de menciones al presidente actual de ATU. El día de hoy está presentando su renuncia y creemos que es mejor que este proceso se dé no estando dentro de la institución, para que él pueda hacer los descargos que correspondan”, declaró a la prensa.
Este domingo, el programa dominical reveló que el presidente renunciante de la ATU enfrenta una denuncia por colusión agravada, acusado de favorecer presuntamente a una empresa durante su desempeño en el FITEL. Según la hipótesis de la Fiscalía, Aguilar Reátegui fue designado en dicho fondo el 26 de mayo de 2018, durante la fase final del concurso público para la adjudicación del proyecto de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica.
La acusación sostiene que su ingreso al FITEL, donde permaneció dos meses, tuvo como objetivo favorecer a la empresa Gilat Networks Perú S.A. mediante la firma de un contrato por 500 millones de soles.
“Haber aceptado el cargo de Secretario Técnico del FITEL de manera direccionada, con el único objetivo de encargarse de la etapa final y conseguir que Gilat pueda hacerse con los proyectos que fueron despojados ilícitamente al consorcio GMC Conecta”, se lee en el documento fiscal.
DESCARGO DE LA EMPRESA GILAT
Voceros de la empresa Gilat indicaron que “la investigación fiscal contra Aguilar Reátegui tiene como origen la denuncia presentada por una persona natural, que ocupaba el cargo de Gerente General de una de las empresas que conformaban el Consorcio GMC CONECTA, empresa que fuera descalificada en la licitación por incumplimiento de las bases del concurso”.
GMC CONECTA fue descalificado, añadieron los voceros, “por no presentar oportunamente (a pesar de que, dispuso de cinco meses) la documentación necesaria para suscribir el contrato. Documentos elementales como la constitución del consorcio como empresa, carta fianza, declaración jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado, copia de la resolución ministerial de la concesión única para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones, entre otros”.
El Consorcio, agregaron, “en vez de impugnar la adjudicación en el mismo acto en que se produjo la descalificación de acuerdo a los términos de las bases del concurso, prefirió denunciar a funcionarios públicos y competidores comerciales”.
Mientras la investigación fiscal avanza, el consorcio ya ha experimentado un revés legal: La Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante sentencia de vista del 20 de julio del 2023 (Exp. 08384-2018-0-1801-JR-CI-02), desestimó el amparo que presentaron contra el otorgamiento de la buena pro, confirmando la validez del procedimiento seguido por Proinversión.
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