Desalojo en Gamarra desata violencia

Tensión en Gamarra. Desmayos, llantos, lamentos, empujones, golpes y heridos se registraron ayer en la cuadra 7 del jirón Gamarra, en el distrito de La Victoria, que se convirtió literalmente en un campo de batalla por el enfrentamiento entre comerciantes y agentes policiales.

La manzana de la discordia: unas 80 tiendas en los pisos 7 y 9 de la galería Santa Lucía, ubicada en la cuadra 7 de la mencionada vía comercial, que es una mina de oro para el comercio de prendas de vestir. Según cálculos, el metro cuadrado en el primer piso puede llegar a costar hasta 30 mil dólares.

Todo comenzó a las 9 de la mañana con la llegada de más de un centenar de agentes del orden, con escudos y cascos, para garantizar una diligencia judicial de desalojo. La policía cerró la cuadra 7 y los vendedores se amotinaron, quemaron fardos de retazos de telas, sacos de polietileno y llantas en rechazo al desalojo.

'Durante 20 años he luchado para comprar mi puesto, dejando de comer, dejando de vestirme. Las autoridades abusan de nosotros, reciben dinero para dar sus fallos', dijo llorando una mujer.

'Solo muertos nos sacarán, nosotros tenemos nuestros papeles', dijo otra comerciante.

Muchas mujeres desesperadas y llorando pugnaban por ingresar a sus negocios para recuperar su mercadería y dinero en efectivo.

'Están robando nuestras cosas. Nuestros canguros están con dinero', dijeron otras jóvenes.

Sin embargo, la policía no les permitió ingresar y se desató un enfretamiento a golpes. David Buitrón Atala (25) terminó con una herida en el rostro, producto de un varazo policial.

La señora Débora Guevara Oblitas se desmayó, cayó al piso y fue llevada al hospital Dos de Mayo. Tras una breve evaluación, retornó preocupada. Así como ella, decenas de comerciantes lamentaban este desalojo y acusaron de manera directa al empresario y pastor evangélico Vicente Díaz Arce, de haber logrado con artilugios, falsificando firmas y documentos, una resolución judicial a su favor en el Quinto Juzgado Comercial de Lima, que dispuso el desalojo.

Precisaron que por lo menos 80 comerciantes son los perjudicados, porque compraron sus tiendas y se posicionaron hace más de 20 años, pero no las inscribieron en Registros Públicos.

El dirigente de los comerciantes, Augusto Quiroz Gálvez, aseguró que pagaron por los puestos al desaparecido Banco República, que embargó dicho inmueble a la inmobiliara Santa Lucía, porque, afirman los denunciantes, la empresa no pagó una hipoteca solicitada durante la gestión de Díaz Arce como gerente. Muchos aseguraron haber pagado hasta 40 mil dólares por sus tiendas de tres o cuatro metros cuadrados. 'Tenemos los documentos, no puede ser que nos dejen en la calle', lamentaron al final de la tarde.