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El ministro de Trabajo, Alfonso Grados, aclaró hoy que el fallo de la Corte Suprema, que aprobó la reducción unilateral del sueldo de un trabajador, no se puede aplicar automáticamente a otros casos porque se necesitaría una norma adicional.
Alfonso Grados afirmó que el fallo de la Corte Suprema no se puede aplicar al resto de trabajadores porque corresponde a un reclamo de un trabajador de hace 14 años, con base en la situación de una empresa privada que adujo una falencia económica para reducir su salario.
En declaraciones a RPP Noticias, el ministro Alfonso Grados recordó que la legislación laboral vigente, de 1941, determina que el empleador y trabajador están facultadas para modificar las condiciones salariales de forma consensuada, expresa y voluntaria.
"Claramente se necesita la voluntad expresamente manifestada por el trabajador, si eventualmente se requiere o se evalúa una reducción salarial", afirmó Grados.
El titular de Trabajo opinó que el fallo de la Corte Suprema necesitaría una norma adicional, que especifique las condiciones en las que se podría aplicar objetivamente, para que pueda sentar un precedente y su aplicación se extienda a otros casos.
"Hoy en día, en nuestro marco jurídico, la ley del año 41 establece un acuerdo entre las partes. (Ahora) Tenemos el fallo de la Corte Suprema, lo cual no quiere decir que mañana las empresas pueden empezar a rebajar unilateralmente los sueldos", aseguró.
La resolución, emitida el pasado 7 de junio por la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema, estableció que una empresa puede reducir las remuneraciones con o sin acuerdo con su trabajador.
Precisó que para aplicar esa decisión se requerirá la aceptación del trabajador o, en su defecto, "la existencia de causa objetiva que de modo excepcional y razonable (que) justifique la medida."
Estableció, además, que la eventual reducción deberá garantizar la remuneración mínima (850 soles o 253 dólares en la actualidad), responder a circunstancias objetivas económicas financieras y ser autorizada por el trabajador sin que "medie intimidación, coacción y/o violencia que vicien su manifestación de voluntad."
El fallo dejó de lado un criterio establecido en 2005 por la misma Corte Suprema respecto a la imposibilidad de reducir la remuneración, aun si esto fuese consensuado.
La medida motivó que abogados laboralistas señalen hoy que el Congreso debería aclarar el tema, ya que la actual ley laboral data de 1941, mientras que legisladores opositores y gremios sindicales la rechazaron.
La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) señaló, a su turno, que el Perú "tiene una de las remuneraciones promedio más bajas de América Latina" y dijo que se opone "a cualquier rebaja de sueldos y salarios que afecte la economía de los trabajadores y las trabajadoras."
Colectivos sociales y ciudadanos también han comenzado a convocar en las redes sociales a movilizaciones ciudadanas para rechazar la decisión del Poder Judicial.
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