Mientras los familiares de las tres personas asesinadas en una bocamina de Pataz exigían ayer justicia, la población y las autoridades de dicha provincia liberteña y también regionales responsabilizaron al Gobierno Central de las 49 víctimas mortales en casi dos años de estado de emergencia en la zona.
“Queremos justicia y que esto llegue al presidente de la República (José Jerí). Estamos ante asesinos y que no consideran la vida de los seres humanos”, expresaron los deudos en los exteriores de la Comisaría Vijus.
El alcalde de Pataz, Aldo Carlos Mariños, exigió que se investigue con celeridad estos asesinatos y pidió al presidente Jerí luchar contra el crimen organizado. “Nosotros no queremos a ‘toda máquina’ bailando. Nosotros queremos a ‘toda máquina’ yendo a luchar contra el crimen organizado”, dijo en su demanda y haciendo referencia a la frase que usa el gobierno como eslogan.
“En Pataz, el Estado ha perdido todo el espacio con las Fuerzas Armadas y la Policía, y no ha habido respuesta a esta emergencia”, acusó el presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, Koki Noriega.
Es más, rechazó las acusaciones del premier Ernesto Álvarez, quien dijo que el problema de la violencia y la minería ilegal viene de años y “durante décadas, los gobiernos regionales han usufructuado” “para manejar recursos del pueblo sin lograr eficiencia ni resultados alguno”.
Noriega exigió que el gobierno evalúe la salida de Álvarez por hacer estas afirmaciones.
Alertan de fallas en estrategia
El analista te temas sociales Iávn Arenas advirtió que existen serias limitaciones operativas que impiden resultados sostenibles en la lucha contra el criumen organizado en Pataz. “Por más que exista un Comando Unificado, hay que entender una cosa: no existe Policía, ni existe cuerpo militar que esté especializado en la entrada a socavones o bocaminas”, señaló en RPP.
Además, afirmó que las organizaciones criminales han empezado a operar en otras áreas a las que llamó “corredor de minería ilegal” que confluye con el narcotráfico.
