Este lunes 16 de octubre, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola Peñaranda, anunció que el Gobierno aprobó el Decreto Legislativo destinado a reforzar las medidas de prevención y lucha contra el comercio ilegal de teléfonos celulares en el país.
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La medida modifica el Código Penal en la categoría de robo agravado y añade el robo de equipos terminales móviles, informáticos y similares como circunstancia agravante. En consecuencia, este acto delictivo conllevará una pena de 12 a 20 años de prisión. Si en la comisión del delito se emplean explosivos o vehículos motorizados, la pena se agravará a un rango de 20 a 30 años.
Además, se incluye la modalidad de receptación, que se define como la acción de proporcionar documentos con el propósito de ocultar, encubrir o disfrazar el origen ilícito del bien o de sus componentes. También se establece que está prohibido comercializar o importar equipos que faciliten la alteración de los códigos IMEI, MAC o SIM, ya que serán sancionadas de acuerdo con la ley.
Asimismo, se introducen dos delitos nuevos: poseer SIM cards activados ilegalmente y vender dispositivos con IMEI modificado, reemplazado o duplicado.
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