Las investigaciones fiscales en torno al presidente Pedro Castillo han dejado de limitarse a su entorno amical para avanzar, semana tras semana, a su círculo familiar más cercano. La tesis fiscal de que existiría una presunta organización criminal cobra cada vez más asidero, luego de conocerse que la primera dama, Lilia Paredes, y su hermana, Yenifer Paredes, son vinculadas con sospechosas visitas y nexos con empresarios. Sin desconocer el derecho a la presunción de inocencia, que es constitucional y figura en nuestro ordenamiento procesal y los tratados a los que el Perú se sujeta, la familia presidencial debe ser investigada de manera exhaustiva para determinar su relación con las imputaciones que se les formula. La política requiere ser limpiada y que todos sus personajes, comenzando por el jefe de Estado, respeten la ley y sean honestos. Eso se extiende a sus familiares, a quienes se exige no delinquir.
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