Así llueva o truene, el presidente de la República tiene que sujetarse a los ámbitos y jurisdicciones del Congreso de la República y sus comisiones ordinarias, como la de Fiscalización. Este grupo de trabajo, a través de su función de control político, en su variante de fiscalización precisamente, tiene el encargo de vigilar el correcto uso de los bienes y recursos del Estado, así como la adecuada gestión pública. Bueno, pues, la Comisión de Fiscalización del Parlamento Nacional, presidida por el congresista (FP) Héctor Ventura, tiene hallazgos contundentes contra el mandatario, cifrados en una recomendación de acusarlo constitucionalmente por incurrir presuntamente en el delito de organización criminal, negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo. El alegato palaciego, por indicación del abogado Benji Espinoza, pasa por desvirtuar la investigación y ahora es cuando se verá quiénes están del lado del Perú o de la podredumbre.