No hay justicia para víctimas de feminicidio: Impunidad se acentúa por sobrecarga procesal, machismo y pandemia

Ni antes ni después de morir, el sistema de justicia peruano defendió a Nelva Evangelista Loa, víctima de feminicidio en 2006. Al contrario, le falló tres veces, recuerda su hermana Sandy.

La primera fue antes de que su expareja Nicolás Giovanni Vásquez Velarde le quitara la vida en su casa. Nunca consiguió que la protegieran pese a que lo denunció por agresión en la comisaría Tablada de Lurín hasta en tres oportunidades.

A sus 25 años, Nelva planeó huir de Vásquez Velarde viajando a Chile, pero no logró concretar sus planes pues el sujeto perpetró su crimen y huyó por diez años, tiempo en que también las autoridades volvieron a darle la espalda con un actuar marcado por la desidia.

“La Fiscalía muchas veces quería archivar el caso. Incluso, primero pidieron solo 15 años de cárcel para él y S/5 mil de reparación”, comenta Sandy.

Una vez que al sujeto lo capturaron, en 2016, la Fiscalía solicitó 35 años de prisión tras cambiar la tipificación de homicidio a feminicidio, pero el Poder Judicial lo condenó a solo 28 años por aceptar su delito. Y como si la impunidad persiguiera a su familia, la Corte Suprema le redujo su condena a 20 años.

“Los jueces dijeron que actuó por emoción, un tema de celotipia que sufrió en el momento. No consideraron las denuncias previas, que evidencian de que este sujeto actuó premeditadamente”, cuestiona la menor de las hermanas de Nelva, aún con gran indignación.

Impunidad en casos de feminicidio une a familias de víctimas

“Cuando falleció mi hermana, yo era una niña y mi mente anuló los hechos, pero cuando a él lo capturan me doy cuenta que mi hermana había existido, mi hermana había hecho todo por mí, pero este sujeto nos la arrebató y cambió nuestras vidas completamente (...) Se destruyó una familia entera, ahora nos intentamos levantar con la fuerza que tenemos, pero cada fecha o tiempo que pasa es doloroso. Además, tenemos miedo porque este caso ha sido con leyes anteriores, él puede acceder a beneficios penitenciarios y cobrar venganza”.

Con esta palabras, Sandy expresa el dolor y miedo, que aún permanece en su vida desde el feminicidio de Nelva. Tenía apenas 8 años cuando ocurrió y aún en el país no se tipificaba el delito. Sin embargo, las trabas que vivió junto a su familia para conseguir justicia cuando capturaron al culpable la impulsó a formar el colectivo “Familias Unidas por Justicia”.

“Empecé a ver a otros familiares (de víctimas de feminicidio) y me di cuenta que no era la única. Todos los casos se asemejaban, quizá con características diferentes, pero terminaban siendo igual de impunes y dolorosos. Al conocerlas, nos incentivamos a formar este grupo. Luego, nos dimos cuenta que no era solo exigir justicia, sino que el Estado tenía la responsabilidad de reparar a las familias. Es así que se forma el colectivo con un nombre para tener un reconocimiento como familiares y así ser escuchados. La mayoría son madres y se levantan de donde estén para luchar por sus hijas”, cuenta la ahora representante del colectivo.

Así, en esa lucha, la joven de 23 años conoció a Carmen Mendoza Polanco, a cuya última hija, Estefanny Flores Polanco, la asesinó José Luis Falcón Gutiérrez, su expareja. La comerciante refiere que su encuentro con un sistema de justicia que no protege a las mujeres empezó el 23 de marzo de 2019, fecha en que el feminicida intentó matar a su “niña” tras cuestionarla si estaba saliendo con alguien.

Ese día la acompañó a denunciarlo en la comisaría Sol de Oro, en Los Olivos, pero solo hallaron respuestas machistas por parte de los policías, que le recriminaban por haber tenido una relación con Mendoza Polanco. “El fiscal nunca llegó, la acusaron de abandono de hogar y encima en la denuncia figuraba el nombre de otro hombre, no del agresor”, detalla.

Pese a pedir garantías para su vida, el sujetó salió libre y 17 días después la mató. “Sabe qué es lo más indignante señorita, que cuando la estoy enterrando, el Juzgado de Familia recién se entera (del caso) y cuando mi hija está muerta recién me dan su garantía. Y este año, en la primera denuncia de agresión que interpuso mi hija en su contra, al hombre lo han absuelto”, dice con la voz entrecortada.

Tres de cada diez presos por violación sexual aún no han recibido una sentencia

Después de varias barreras, incluida la pandemia, Falcón Gutiérrez fue condenado a 30 años de cárcel y aunque apeló, la batalla de doña Carmen, de 58 años, impidió que la justicia retrocediera. “En este país pedir justicia, no hay, en este país, nos matan y no pasa nada (...) He dejado de trabajar, he tenido que mendigar la justicia (...) Ya mi vida no es igual, el feminicidio es odio hacia la mujer”, sostiene.

Un pelea legal similar vive Lilian Morales Vargas, madre de Erika Oblitas Morales, quien espera que al feminicida de su hija, Miguel Benitez Arana, no le reduzcan su condena de 28 años en la Corte Superior de Justicia del Callao.

“Él tiene una condena, pero como han apelado, están haciendo que se dilate demasiado. Mi hija fue víctima de feminicidio el 10 de julio 2019 en el Callao”, precisa, no sin antes mencionar que este sujeto no dejó de golpear a Erika incluso cuando llegó la Policía y, pese a ello, un fiscal lo dejó libre.

Junto al hijo que tenían en común, Benitez Arana desapareció durante diez días, mientras la joven de 36 años agonizaba en un hospital, al que fue trasladada demasiado tarde. “El médico legista dijo que tenía leves golpes y la detienen en la comisaría (...) El doctor que la vio después me dijo que su cerebro había sido afectado totalmente (...) Y el papá ahora (del feminicida) quiere que le bajen la pena al hijo, por eso, yo sigo en mi lucha”, refiere dándose ánimo a sí misma.

Quien aún espera que haya una sentencia contra el asesino de su hija Ruth Puertas Solís y sus cómplices es Agripina Solís. A ella le quitaron la vida de ocho balazos en julio de 2019. Fue su expareja Christian Sánchez Coico junto a otras cuatro personas, que están en prisión preventiva. “Han pasado 2 años y recién se está llevando el proceso (...) Yo busco una condena justa. Yo pido para esas personas cadena perpetua”, demanda la también abuela de una niña que quedó huérfana por este feminicidio.

Sobrecarga procesal, falta de enfoque de género y pandemia afectan procesos judiciales

En total, el colectivo “Familias Unidas por Justicia” integra hasta la fecha a familiares de 40 casos de feminicidios a nivel nacional, de los cuales solo 5 han obtenido una sentencia firme. Según la adjunta para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, Eliana Revollar Añaños, esta ausencia de justicia se replica en este delito a nivel nacional y se ha acentuado en pandemia.

Detalla que solo la mitad de los feminicidas, que han cometido el delito en lo que va de 2021, están en prisión preventiva y ninguna de las sentencias emitidas este año corresponden a alguno de esos casos (ver infografía). “Todavía los casos de 2021 no tienen sentencia y esto genera una sensación de impunidad para las personas que cometen estos graves hechos”, expresa.

Asimismo, de acuerdo al Instituto Nacional Penitenciario (INPE), hasta julio de este año, 649 internos estaban recluidos en las cárceles peruanas por feminicidios, lo que dista de las más de 1000 víctimas que se han registrado desde 2009, según el Ministerio de la Mujer y Población Vulnerables. Además, de todos los presos por este delito, la tercera parte aún no tiene condena. “Quienes purgan una sentencia son lo mínimo, muchos han cumplido periodo de prisión preventiva, han salido y han tomado acción contra los familiares”, señala Revollar Añaños.

Esto se debe, advierte, a la sobrecarga procesal tanto en el Ministerio Público como el Poder Judicial, por lo que es necesario que prioricen estos casos más aún si presentan agravantes. En ese sentido, la Defensoría del Pueblo ha dado cuenta a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que hay 50 casos de feminicidio cuyos procesos se han alargado de manera exagerada desde que se perpetraron. “No había movimiento en diligencias y en algunos la prisión preventiva para los acusados va más allá de los 36 meses”, comenta.

A este problema, sostiene, se suma la falta de enfoque de género por parte de las autoridades encargadas de atender a las víctimas de violencia familiar y de procesar a los agresores, así como la pandemia que ha acentuado la lentitud del sistema dado que la virtualidad se ha convertido en una barrera de acceso a la justicia y que impide su correcta administración.

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Sandy cuenta que el impacto de la esta emergencia sanitaria se ha visto reflejado en casos como el de María Alvarado Cruz, víctima de feminicidio en Rioja (San Martín), en el que las audiencias se postergaban porque la defensa del agresor decía que no tenía señal. “Esto ha afectado mucho a las familias y a muchas prisiones preventivas. Y al no tener tiempo, los fiscales y jueces han omitido diligencias y eso buscan los feminicidas que no se investigue”, anota.

La Adjunta para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo agrega que la impunidad no es amiga de la prevención, por lo que se podría agravar el índice de feminicidios en el país. “Hay que darle una señal a la sociedad de que esas personas están siendo condenadas por un sistema que funciona porque si no es así los agresores seguirán perpetrando sus crímenes pues saben que la justicia no los va a alcanzar”, acota.

¿A dónde puede acudir si sufre violencia?

Si sufre agresión o es testigo de hechos violencia contra la mujer, llame a la Línea 100. Es gratuita y atiende 24 horas. También puede acceder a los Centro de Emergencia Mujer (CEM) cuya lista la puede encontrar en el portal del MIMIP.

Para denunciar a su agresor puede hacerlo en la comisaría más cercana, los CEM y en la Fiscalías Especializadas de Violencia.