La cúpula del grupo terrorista Sendero Luminoso, encabezada por el fundador y líder de esa agrupación, Abimael Guzmán, volvió hoy al juicio que se le sigue por un atentado que dejó 25 muertos en 1992 en Lima, informó hoy el Poder Judicial peruano.
El pasado 8 de mayo, el abogado de Guzmán, Alfredo Crespo, informó que su defendido y su esposa y número dos de Sendero, Elena Iparraguirre, habían decidido no asistir más a este proceso por considerar que se había "evidenciado una total falta de garantías, violación al debido proceso y restricción al derecho de defensa".
Sin embargo, el Poder Judicial señaló hoy, en un comunicado, que los cabecillas de Sendero volvieron a presentarse en las audiencias, a solicitud del colegiado A de la Sala Penal Nacional, que celebra el juicio en el penal de Ancón I, en el norte de Lima.
La nota oficial recordó que Guzmán fue expulsado de una audiencia el pasado 2 de mayo por "motivos disciplinarios", tras lo cual también abandonaron el tribunal la mayoría de sus coacusados, entre ellos Iparraguirre.
El abogado Crespo aseguró hoy, en una misiva, que en el juicio "pende la amenaza de atentar" contra la vida e integridad física de Guzmán y sus lugartenientes, porque el procurador del Estado pidió que fueran "conducidos de grado o fuerza".
Crespo consideró que esto constituía "un peligro" para la integridad de Guzmán, quien tiene 82 años y ya cumple una condena a cadena perpetua.
La nota del Poder Judicial no reportó ningún incidente durante la audiencia de hoy y resaltó que el proceso "volvió a desarrollarse con normalidad", tras lo cual aseguró que "está garantizado el derecho de tutela jurisdiccional efectiva, el debido proceso y el legítimo derecho de defensa".
Anunció, además, que la siguiente audiencia se celebrará el próximo 6 de junio con el ofrecimiento de pruebas de las procuradurías de Terrorismo y de Tráfico Ilícito de Drogas.
Guzmán y otros 11 cabecillas de Sendero son juzgados por su responsabilidad en el atentado con coche bomba de la calle Tarata, en el distrito limeño de Miraflores, que el 16 de julio de 1992 destruyó varios edificios a la redonda con un saldo de 25 muertos, 155 heridos y 360 familias damnificadas.
Sobre los cabecillas de Sendero pesa una petición de cadena perpetua y el pago de 400.000 soles (121.000 dólares) como reparación civil.
Tras la captura de la cúpula de Sendero en 1992, las acciones de la banda se dirigieron a casos aislados de secuestro y extorsión, y en los últimos años se restringieron a pequeños grupos remanentes que actúan en alianza con el narcotráfico en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), según las autoridades.
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