El Senado uruguayo aprobó hoy por unanimidad una ley que prohíbe a las empresas tanto públicas como privadas pedir a las mujeres pruebas de embarazo o de ausencia de gravidez como requisito para ingresar o ascender en cualquier cargo o empleo.
La medida fue apoyada por todos los legisladores de la Cámara y que con toda probabilidad será confirmada de la misma manera por la Cámara de Diputados la próxima semana para que pueda entrar en vigor.
La ley apunta a prohibir 'la realización o presentación del test de embarazo o certificación médica de ausencia de estado de gravidez como requisito para el proceso de selección, ingreso, promoción o permanencia en cualquier cargo o empleo, tanto en la actividad pública como privada'.
El incumplimiento de esa norma dará pie a 'las más severas sanciones administrativas', que en el caso de convertirse en multas pecuniarias, serán destinadas a financiar el Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Trato en el Empleo.
La senadora Susana Dalmás dijo que la medida surge porque 'varias investigaciones constataron que en Uruguay aún se producen contratos en los que se condicionan el acceso al empleo a la firma de un acuerdo de ausencia de embarazo'.
Dalmás destacó la unanimidad acordada en esta medida por todos los senadores para tratar de eliminar 'una rémora del pasado' que refleja la pervivencia en Uruguay de una 'sociedad patriarcal y atrasada'.