Así como se han tomado medidas desde el Gobierno para poner a trabajar a la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU), que en los últimos años no ha logrado mejorar la calidad del sistema de movilidad en la capital y el vecino puerto, es necesario hacer algo para evitar que las carreteras del interior del país sigan siendo la tumba de muchos peruanos, tal como lo hemos visto en las últimas horas en que 14 personas han perdido a vida en distintos accidentes. Es indispensable que haya mayor control para erradicar no solo la informalidad, sino también a las empresas “formales” que operan en la más grande precariedad y, lo que es peor, no se hacen responsables de sus víctimas. Las personas que más sufren por esta situación de caos son la más pobres, que no pueden pagar un avión o un transporte formal con las debidas garantías. Las pistas del Perú no pueden seguir siendo la tumba de tantos ciudadanos peruanos ni de turistas cuyos viajes a nuestro país terminan siendo una pesadilla.