Álvaro Uribe, quien gobernó Colombia en dos periodos consecutivos, entre 2002 y 2010, se convirtió ayer en el primer exmandatario colombiano en ser sentenciado penalmente. La jueza Sandra Heredia, de Bogotá, lo condenó a 12 años de prisión domiciliaria por fraude procesal y soborno en un caso de manipulación de testigos.
De inmediato, sus seguidores acusaron motivaciones políticas y anunciuaron una moviliación para este jueves 7 de agosto.
Uribe también debe pagar una multa de más de 3 mil 400 millones de pesos colombianos (822 mil dólares) y fue inhabilitado por más de ocho años para el ejercicio de funciones públicas.
Jaime Granados, abogado del expresidente, pidió a la jueza que lo mantuviera en libertad hasta que no haya sentencia firme.
A Uribe se acusó de tener vínculos con el grupo armado Bloque Metro, fundada a finales de los años 90 en Antioquia, de donde es oriundo Uribe y cuya capital es Medellín.
Rechazan la sentencia
El partido Centro Democrático y allegados al expresidente afirmaron que la sentencia buscaría impedir que Uribe postule a la Presidencia en 2026.
El fallo también podría tener implicaciones en las relaciones con Estados Unidos, el principal destino de las exportaciones de Colombia y su mayor aliado en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.
El Tribunal Superior de Bogotá deberá decidir la situación de Uribe antes de octubre cuando prescriben los delitos.
