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El caso de una niña de 8 años abusada y embarazada por alguien de su entorno familiar estremece a Panamá y reaviva el llamado a que se garantice la certeza de castigo a los violadores y se dote a la niñez de una educación sexual integral que, entre otros, le ayude a identificar a potenciales agresores.
El Ministerio Público (MP, Fiscalía) y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) emitieron este miércoles sendos comunicados horas después de que la cadena local TVN difundió el caso, considerado el embarazo más precoz registrado en el país, según declaraciones de autoridades sanitarias citadas por ese medio.
De acuerdo con la información difundida por la cadena, la víctima es una niña de la etnia guna que fue llevada por un familiar, no identificado, a un centro de salud al notar cambios en su cuerpo.
La Fiscalía dijo en un comunicado que por este caso está detenido desde el pasado 29 de diciembre un hombre imputado por el delito de violación sexual agravada.
Por su parte, la Senniaf aseguró que desde el pasado 27 de diciembre ha asistido a la víctima “procediendo inmediatamente a retirarla del núcleo familiar donde se encontraba el agresor”.
La Senniaf precisó que la denuncia del caso fue presentada ante instancias judiciales “por parte de un familiar a las 21 semanas de embarazo” de la niña.
“La Senniaf repudia y lamenta profundamente el abuso sexual con consecuencia de embarazo de una niña de 8 años”, dijo el organismo, que estuvo en el ojo del huracán el año pasado por un escándalo de abusos sexuales a menores en albergues que debía supervisar.
FALTA DE CASTIGO Y EDUCACIÓN IMPULSA VIOLACIÓN Y ABUSO A MENORES
La psicóloga especialista en prevención de violencia hacia las mujeres Eusebia Solís afirmó este miércoles a Efe que esta niña de 8 años “ha sido violada” por un hombre cuya identidad y edad no han sido reveladas, así como tampoco su filiación con la víctima.
“Ahora estamos alarmados porque hay un embarazo. Pero seguramente esa personas estaba abusando de esa niña desde hacía tiempo”, afirmó la también activista feminista.
Solís se preguntó cómo es posible que la niña vaya a dar a luz si en Panamá la ley permite el aborto en casos de violación y destacó que este asunto se debe investigar.
“Llevamos a una niña a dar a luz a otra niña, a generarle un trauma para toda la vida, sumado al abuso sexual que seguramente se ha dado a lo largo de su corta edad”, reclamó la especialista.
Valoró además que este caso es consecuencia de la falta de certeza de castigo que hay en Panamá para los violadores y abusadores y de la ausencia de una educación sexual integral que permita, entre otros, que menores puedan identificar a potenciales agresores.
Solís aseguró que en Panamá se reportan anualmente entre 250 y 300 casos del delito de violación doblemente agravada, que antes se llamaba incesto. La mayoría de las víctimas son niñas de entre 7 y 10 años de edad y por lo general los agresores son familiares o personas cercanas.
Además, el embarazo adolescente “sigue aumentando”, con especial incidencia en las comunidades indígenas: “en el caso de la comarca Ngäbe Buglé tiene una del 40 % de embarazo adolescente, la más alta del país”, indicó.
En Panamá “se le ha negado a la población joven, a la niñez y la adolescencia una educación integral en sexualidad, que tenga como objetivo prevenir este tipo de abuso sexual” y “tenemos adultos que considera cometer un abuso sexual con la certeza de que no le va a pasar nada”.
“Aquí hay que mandar un mensaje claro que a los niños y niñas no se violan, no se tocan y no se matan. Pero contundente”, agregó la activista.
Fuente: EFE
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