El Ministerio Público presentó una denuncia constitucional contra la congresista no agrupada Katy Ugarte Mamani, en relación con las acusaciones de posibles reducciones salariales injustificadas a los trabajadores de su despacho en el caso conocido como ‘mochasueldos’, bajo la presunción del delito de concusión.
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La Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, ha formalizado la acusación, según lo informado en la fecha del 7 de marzo.
“Los hechos está referidos a cobros presuntamente indebidos que la citada parlamentaria habría efectuado a personal de su despacho congresal”, señalaron.
Adicionalmente, se ha enviado el expediente a la fiscalía correspondiente con detalles sobre la legisladora y otros individuos no protegidos por inmunidad parlamentaria, quienes podrían estar implicados en presuntas actividades de lavado de activos.
El 9 de abril de 2023, un informe de ‘Cuarto Poder’ reveló que Katy Ugarte podría haber solicitado pagos a sus empleados en Cusco con el objetivo de mejorar su imagen, acusaciones que ella rechazó durante la investigación llevada a cabo por la Comisión de Ética.
Un colaborador de la parlamentaria afirmó que se efectuaban pagos de entre 200 y 400 soles a Wilber Felices Villafuerte, colaborador cercano de Ugarte, y este hecho fue confirmado por un asesor de la legisladora, Roger Torres Pando.
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