El abogado Rudy Aguedo del Castillo, quien viene siendo investigado por su presunta participación en la red criminal liderada por la suspendida fiscal de la Nación Patricia Benavides, desempeñó funciones en el gobierno de Pedro Castillo (2021-2022) y durante la gestión de Dina Boluarte, según reveló el programa “Punto Final” este domingo.
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El abogado registra dos órdenes de servicio, cada una por S/36 mil, destinadas a brindar asesoría legal a la oficina de recursos humanos del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) durante la administración de Dina Boluarte. Además, entre julio y diciembre de 2021, obtuvo ingresos por S/39 mil por órdenes de servicio emitidas por la PCM para la elaboración de informes técnico-legales.
En el año 2022 percibió un total de S/149.500 en concepto de órdenes de servicio con la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), específicamente por la elaboración de informes legales.
En el 2023, durante el gobierno de Dina Boluarte, Aguedo del Castillo comenzó a prestar servicios en el despacho presidencial. En enero de dicho año, obtuvo una orden de servicio por S/39 mil por servicios especializados en materia legal, con una duración de 80 días.
Durante el mismo mes, también recibió otra orden de servicio por el mismo monto, pero esta vez de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). En abril de ese año, consiguió otra orden de servicio en la gestión encabezada por Alberto Otárola, esta vez por S/39 mil adicionales. Es decir, proporcionó servicios de manera simultánea tanto para el despacho presidencial como para la PCM.
En marzo del año pasado, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) contrató a Aguedo por la suma de S/41 mil para desempeñarse como abogado defensor de Gina Sánchez Pimentel, quien en ese momento ocupaba el cargo de jefa de recursos humanos del despacho presidencial y mantenía una estrecha relación con la actual mandataria.
La representación legal de Aguedo estuvo relacionada con un proceso administrativo iniciado por la Contraloría contra Sánchez Pimentel durante su periodo como jefa de Recursos Humanos del Midis, bajo la gestión de Dina Boluarte. Este proceso se originó por el nombramiento de María Tarazona como viceministra del sector. Al finalizar, Sánchez Pimentel fue absuelta.
De acuerdo a lo señalado por Jaime Villanueva, exasesor de la suspendida fiscal de la Nación, Aguedo del Castillo fue una figura fundamental en la suspensión del fiscal Rafael Vela. Se sugiere que Patricia Benavides orquestó esta medida en colaboración con el abogado José Hauyón y el exministro aprista Hernán Garrido Lecca.
“Quiero precisar que respecto a Rudy Aguedo, ya Miguel Girao me lo había presentado antes y me había dicho que él es el que hizo nombrar a (Juan Antonio) Fernández Jerí y lo había ayudado en su postulación (a la ANC), y tenía una llegada directa con Fernández Jerí”, sostuvo.
“De hecho, ese día cuando conversamos le decimos a Rudy Aguedo que por qué no había salido la suspensión de Rafael Vela y le dijo Miguel Girao que ya habían acordado eso”, acotó.
Según Villanueva, Girao le informó que Rudy Aguedo desempeñó un papel decisivo en el nombramiento de Juan Fernández Jerí como jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público. Posteriormente, Fernández Jerí fue responsable de la suspensión de Rafael Vela.
La suspensión de Rafael Vela permitió que Benavides lo apartara de la coordinación de las fiscalías de Lava Jato y Lavado de Activos, un hecho que ocurrió el 24 de noviembre de 2023, apenas 3 días después del encuentro de Benavides con Rudy Aguedo y Girao en el Congreso. Según Villanueva, esto formaba parte de un plan preconcebido.
Cabe destacar que la casa de Aguedo fue allanada en diciembre pasado como parte de las investigaciones. Lo que no se conocía hasta ahora es que este abogado ha trabajado para el despacho presidencial, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y el Midis.
En su declaración del 24 de enero pasado, Villanueva afirma que esta conversación tuvo lugar el 23 de noviembre del año pasado, coincidiendo con la presentación del presupuesto del Ministerio Público ante el Congreso por parte de Benavides.
Es relevante señalar que Aguedo ocupó el cargo de secretario de confianza de la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Poder Judicial, organismo encargado de supervisar la labor de jueces y personal judicial, hasta diciembre del año pasado.
Por su parte, el jefe de la ANC del Ministerio Público, Antonio Fernández Jerí, reconoció que, si bien conoce a Rudy Aguedo desde la universidad, no hubo ninguna influencia de Aguedo en su nombramiento. “No ha habido ninguna injerencia de Rudy Aguedo, a quien conozco de la universidad”, expresó al dominical.
La PCM informó que Aguedo prestó servicios desde octubre de 2020, y la última orden de servicio de abril del año pasado quedó sin efecto al concluir el servicio. También rechaza cualquier conexión entre el titular, Alberto Otárola, y Rudy Aguedo.
