No dos, sino más veces, el presidente José Balcázar y su ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez, deben pensar antes de excarcelar a Pedro Castillo, porque hacerlo podría llevar a quedar inhabilitados y hasta terminar tras las rejas como el exmandatario a quien sus opositores llaman golpista.
Indulto y conmutación de la pena (reducirla y liberarlo) serían ilegales al no existir una condena firme contra Pedro Castillo, advierten.
Diputado electo
Al respecto, el abogado y diputado electo por Renovación Popular, Frank Krklec, advirtió que desde el Parlamento “estaremos vigilantes” porque “la justicia en el Perú no se negocia”.
“Pretender indultar o conmutar la pena a un expresidente preso por corrupto y golpista, justificándolo con un informe no vinculante de un ‘grupo de trabajo’ (de la ONU) que ningún peruano eligió, es inaceptable. Que quede claro: el presidente y el ministro de Justicia que se atrevan a firmar esta medida serán pasibles de una denuncia constitucional desde el Congreso”, aseveró.
Krklec dijo que las consecuencias de excarcelar a Castillo serán la inhabilitación de la función pública por 10 años y “severas responsabilidades penales y administrativas”.
Responsabilidad penal
El jurista Aníbal Quiroga coincidió en que si Balcázar indulta a Castillo tendría “responsabilidad política, penal y constitucional” y que el Congreso lo pasaría a la Fiscalía para procesarlo.
En Canal N, explicó que Balcázar necesita del refrendo del titular de Justicia, porque una resolución del presidente sin firma del ministro “no tendría ningún valor”.
Consideró como una opción que el jefe de Estado, “apremiado por el tiempo”, quisiera que “el ministro de Justicia cambie de opinión” sobre el indulto a Pedro Castillo.
