El abogado de la presidenta Dina Boluarte, Mateo Castañeda, se opuso a la incautación por parte de los representantes del Ministerio Público de los costosos relojes marca Rolex y joyas que recibió la mandataria de su “wayki”, el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima.
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El pasado 10 de abril, la defensa legal de Boluarte Zegarra, cuestionada, obstaculizó la investigación sobre los lujosos relojes y joyas que ha estado usando en los últimos meses.
Como se recuerda, en dicha fecha, el abogado del gobernador ayacuchano, Humberto Abanto, acudió a la Fiscalía para cumplir con las diligencias de exhibición de los relojes Rolex que utilizó la mandataria, así como una pulsera Bangle.
Según el documento fiscal, la Fiscalía de la Nación dispuso incautar los objetos de valor, lo que fue refutado por la defensa de Oscorima, argumentando que debería tener la autorización de su patrocinado, pero no fue el único en negarse a la medida fiscal.
“No estoy de acuerdo con la incautación. Una vez más se denota el apresuramiento en las decisiones fiscales de este caso. Hemos sido testigos todos en este acto de la exhibición dispuesta para el día de hoy y a pesar de que se dispuso de que se exhiba un solo reloj, el señor abogado del testigo Wilfredo Oscorima ha exhibido cuatro artículos”, expresó el abogado Castañeda Segovia.
“No encontramos prudente incautar estos artículos a pesar de los expuesto, constituyendo una limitación indebida al derecho de propiedad, posesión y disfrute de su titular”, agregó.
Y es que, el Ministerio Público concluyó que los cuatro lujosos accesorios “constituirían indicios de incremento patrimonial injustificado de la investigada Dina Ercilia Boluarte Zegarra, patrimonio que tampoco habría sido consignado en su declaración jurada de ingresos de bienes y rentas”.
El requerimiento de ratificación de incautación de los bienes, solicitado por la Fiscalía de la Nación, fue notificado a la defensa de la presidenta Dina Boluarte, al abogado de Wilfredo Oscorima y a las partes involucradas en el caso. Se les concedió un plazo de tres días hábiles para responder al Requerimiento Fiscal de Confirmatoria de Incautación. Una vez transcurrido este plazo, se procederá a convocar a una audiencia.
La decisión final sobre esta medida estará a cargo del juez supremo de investigación preparatoria, Juan Carlos Checkley, quien previamente resolvió la medida judicial de allanamiento e incautación en el inmueble de Boluarte Zegarra, así como en su despacho presidencial y su residencia en Palacio de Gobierno
