Ante el silencio de uniformados en actividad, impedidos de declarar, oficiales en retiro de la Policía Nacional del Perú (PNP) y de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) alzaron sus voces contra la Conferencia Episcopal Peruana (CEP), máxima representación de la Iglesia Católica en nuestro país, por cuestionar a la ley que archiva los procesos judiciales por delitos de lesa humanidad a raíz de hechos previos a 2002.
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Las críticas al clero católico alcanzan incluso a tener un arzobispo que “emplea lenguaje inclusivo usado por el grupo LGBTI”.
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Incluso, se advierte a las Fuerzas Armadas por sus sacerdotes castrenses y se les sugiere estar alertas ante la labor que ellos realizan.
Desde la Dircote
“La Conferencia Episcopal Peruana le da la espalda a los peruanos, a las FF.AA. y la PNP, que derrotaron a las organizaciones terroristas Sendero Luminoso y (Movimiento Revolucionario) Túpac Amaru”, advirtió el ex director general de la PNP y de la Dircote, general PNP (r) José Baella.
Rechazó así que los obispos del Perú soliciten que “se derogue ley recién promulgada sobre el alcance del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra”, norma que protegerá a policías y militares.
Ven politización
En esa línea, en enérgico comunicado, la Asociación de Generales y Almirantes de las FF.AA. (Adogen) enfrentó a los que llamó “sacerdotes politizados” de la CEP.
“Duele vuestra indiferencia ante los miles de militares y policías mutilados y todos los sufrimientos conexos de las familias afectadas”, recalcó, a la vez que invocó a las FF.AA. a “estar atentos sobre la idoneidad evangelizadora de los pastores católicos asignados a nuestro institutos armados”.
Meten hasta a LGBTI
En tanto, la Unión Naval -que agrupa a oficiales de la Marina de Guerra del Perú en retiro- aseguró que la Ley 32107 no refuerza la impunidad, como dice la Iglesia, sino que hace “cumplir la Constitución” y no es una amnistía.
Sin mencionar nombres, acaso para evitar acciones legales, indicó que no se puede esperar otra cosa de la CEP cuando “tenemos un arzobispo que no apoya a marchas por la vida”, “emplea lenguaje inclusivo usado por el grupo LGBTI” y “eleva a la condición de mártires a dos individuos prontuariados en marchas violentas”.
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