La presidenta Dina Boluarte confirmó el control policial en la mina Poderosa después del ataque del sábado, que dejó 9 trabajadores muertos y 13 heridos. Expresó su pesar por los sucesos en Pataz, atribuyéndolos a la minería ilegal, dañina para la patria y el ecosistema.
La mandataria destacó que estos grupos operan ilegalmente en áreas cruciales, contaminando el suministro de agua de las comunidades.
Tras el asalto armado en la provincia norteña de Pataz, la Policía detuvo a 7 personas y confiscó su armamento, aunque la afiliación a algún grupo sigue sin esclarecerse.
La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) condenó el ataque y denunció la violencia perpetrada por mineros ilegales en colaboración con organizaciones criminales, generando terror en importantes zonas mineras.
El gremio minero instó al gobierno a restablecer el orden en Pataz y a que se identifique y castigue a los responsables del acto criminal.
El gobernador regional de La Libertad, César Acuña, lamentó los hechos y solicitó la intervención del Ejército para recuperar el control en la zona, esperando que sea un cambio en la acción gubernamental ante la creciente inseguridad en el norte del país.
