Aunque la Ley 32108 favorece al crimen organizado, tal como advierten gremios empresariales, especialistas y colegios profesionales, las bancadas de Fuerza Popular y Perú Libre defienden “a capa y espada” a la norma porque está “hecha a su medida”, alertó el congresista no agrupado Carlos Anderson, al señalar que se trata de “una ley hecha a la medida de las necesidades de sus dirigencias políticas”.
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Hoy lunes, la Junta de Portavoces del Congreso definirá la agenda del Pleno en temas de seguridad y poco se espera que se haga para derogar a la Ley 32108.
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Se descuenta que Fuerza Popular y Perú Libre insistan en defender a la norma de organizaciones criminales.
Organización criminal
En declaraciones a RPP TV, el legislador Carlos Anderson aseveró que la Ley 32108 presenta un concepto “antojadizo” de organización criminal.
“Para que haya una organización criminal tiene que haber más de tres personas organizadas, con roles correlacionados, buscando controlar la cadena de valor del crimen. Esta definición ambigua va en contra del principio de legalidad y abre las puertas a que actividades delictivas, como la tala ilegal, no puedan ser calificadas como crimen organizado”, subrayó.
Acusaciones
Ante las acusaciones del representante de Fuerza Popular, Eduardo Castillo, quien calificó a los opositores a la Ley 32108 de “caviares” y “prodelincuentes”, Carlos Anderson afirmó que eso es falso y que a los cuestionamientos también se han sumado sectores importantes.
Mencionó a la Confiep, la Sociedad Nacional de Industrias, ComexPerú y sindicatos de trabajadores, que se oponen a la ley que se tiene como “puerta trasera” para que organizaciones criminales huyan de la justicia.
“Hay una renuencia notable entre los congresistas para aceptar cualquier cambio”, al no existir voluntad en la mayoría del Congreso para derogar la norma, acotó Carlos Anderson.
En nada
El congresista de Fuerza Popular César Revilla señaló ayer en Canal N que no se derogará la ley y, además, que se buscará aprobar una ley para que policías y militares sean procesados en el fuero privativo -por uniformados como ellos- por delitos cometidos contra civiles al supuestamente enfrentar a la delincuencia. Acotó que “el pacto de San José nos está estorbando para poner orden”.
