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El fiscal Germán Juárez Atoche, del equipo especial Lava Jato, mostró los registros de llamadas y capturas de pantallas de conversaciones por WhatsApp que sostuvo el expresidente Martín Vizcarra como pruebas de que el actual candidato al Congreso por Somos Perú recibió coimas de dos empresas del “Club de la construcción”.
A lo largo de su primera exposición en su pedido de prisión preventiva contra el exmandatario por 18 meses, el fiscal aseguró que contaba con “fundados y graves” elementos de convicción por los que decidió pasar de una investigación preliminar a una preparatoria por los presuntos delitos de cohecho pasivo impropio, colusión agravada y asociación ilícita para delinquir.
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En la parte final de su sustentación, Juárez Atoche mostró capturas de conversaciones por WhatsApp que mantuvo Martín Vizcarra con el exministro José Manuel Hernández para corroborar lo que habían manifestado los aspirantes a colaboración eficaz, entre ellos Hernández y directivos de las empresas Obrainsa e ICCGSA.
El fiscal hizo énfasis en un mensaje que envió Vizcarra Cornejo el 22 de julio del 2014, fecha en las cuales se estaban realizando los pagos ilícitos directamente al entonces gobernador regional de Moquegua. Según mostró Juárez, Vizcarra escribió: “Ya lo recibí. Mañana necesito hablar contigo temprano a las 9:30 en tu oficina?”.
Este mensaje, según el propio José Manuel Hernández, hace referencia a que Martín Vizcarra ya había recibido un pago en efectivo que envió a través de su exchofer Carlos Aranda Huamán.
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“Con esto se acredita la recepción de dinero que ha realizado Rafael Granados, en su condición de gerente comercial de la empresa ICCGSA y perteneciente al Consorcio Hospitalario para cumplir con ese pago ilícito que exigió Martín Vizcarra para no objetar esa nueva propuesta y suscribir el contrato a favor del consorcio hospitalario Moquegua”, señaló el fiscal del equipo especial.
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Otra conversación que mostró como prueba de las coimas fue vía WhatsApp entre Hernández y Rafael Granados. El 26 de marzo del 2014, el primero preguntó “alguna novedad sobre el pedido del amigo del sur?” y Granados le respondió “Estamos analizando pero no encuentro la forma”.
“(José Hernández) ha señalado que el señor Vizcarra estaba presionando para efectos de que se le pagara lo que se había acordado en esa reunión de CADE y que era de un millón 300 mil soles que tenía que hacerse en pagos, porque el Consorcio Hospitalario ya había recibido un adelanto”, comentó.
Los testimonios de Granados, Hernández y otros aspirantes a colaboración eficaz detallan que los pagos se fueron realizando entre los años 2014 y 2016, siendo uno de los últimos cuando Martín Vizcarra ya era ministro de Transportes y Comunicaciones y vicepresidente del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.
El 25 de agosto del 2016, José Castillo Dibós, expresidente de la empresa ICCGSA, habría hecho este pago en efectivo personalmente a Martín Vizcarra en casa de José Hernández, cita de la cual Juárez Atoche dio detalles en la audiencia de hoy.
“Refiere que incluso cuando llega a esta reunión se sintió un poco atemorizado, disminuido, cohibido en el sentido de que estaba frente a dos autoridades de alto nivel, un vicepresidente de la República y ministro de Transportes y Comunicaciones y otro ministro de Agricultura y él era un mortal más y, sin embargo, tenía que entregar una coima”, dijo el fiscal citando el testimonio de Castillo Dibós.
El pago ese día fue de unos 60 mil dólares, los cuales dejó en un sobre manila sobre una repisa en la casa de José Hernández, la cual Martín Vizcarra habría recogido para luego darle una palmada en el hombro. “Le dice, en término generales, ‘ya hemos cumplido’”, aseguró el fiscal.
Para corroborar esta versión, Germán Juárez presentó fotos de una pericia policial en la cual aseguró que se pudo verificar la existencia de la mencionada repisa en la cual Castillo Dibós dejó el dinero en efectivo para Vizcarra Cornejo.
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La audiencia de prisión preventiva contra Martín Vizcarra inició esta mañana y seguirá para escuchar, tanto al fiscal como al abogado del expresidente, Fernando Ugaz, en lo que corresponde al peligro procesal que sustente esta medida de restricción.
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