A través de un habeas corpus, el abogado de Pedro Castillo interpuso una solicitud al Poder Judicial para que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) instale un locutorio en el penal Barbadillo para que el expresidente pueda comunicarse con su familia, quienes consiguieron asilo político en México.
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El juez constitucional Jorge Luis Ramírez Niño de Guzmán ha admitido la demanda presentada por el abogado Walter Ayala contra el presidente del INPE, Javier Llaque Moya.
Ayala considera que el INPE está vulnerando los derechos del exmandatario Pedro Castillo, entre ellos, el derecho a la libertad individual y el derecho a la comunicación. El juez ha iniciado una investigación sumaria al respecto.
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