El Poder Judicial ratificó la resolución que involucra al partido político Solidaridad Nacional, actualmente Renovación Popular, como parte imputada en la investigación contra varias personas en el caso Odebrecht por el presunto delito de lavado de activos.
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El tribunal desestimó el recurso de apelación presentado por la defensa del partido contra la decisión del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional. La resolución destaca que se observa ninguna vulneración de los derechos procesales del partido político ni una aplicación incorrecta de las normativas relacionadas con la incorporación de personas jurídicas en procesos penales.
¿De qué acusa el Ministerio Público a Renovación Popular?
Fiscalía acusa al partido político Solidaridad Nacional (Renovación Popular), de utilizar su estructura organizacional para dar apariencia de legalidad a actos de lavado de activos. Esto se habría llevado a cabo mediante la inclusión de falsos aportes de campaña durante los procesos electorales de 2011 y 2014.
Además, explica que durante la campaña presidencial de 2011, Jorge Barata, representante de la empresa Odebrecht, entregó 200 mil dólares a Luis Castañeda Lossio y Jorge Luis Zegarra. Estos fondos se habrían incorporado al partido a través de aportes fraudulentos.
Por otro lado, en la contienda municipal de 2014, la Fiscalía sostiene que tanto Luis Castañeda Lossio como Martín Bustamante Castro recibieron fondos de Odebrecht y OAS. Se estima que estos montos ascendieron a 200 mil y 480 mil dólares, respectivamente, y que ingresaron al partido bajo la apariencia de aportes legítimos.
La resolución aclara que cuando una persona jurídica está implicada en un delito, puede enfrentar medidas penales sin que esto afecte su derecho de defensa. Esto garantiza que pueda ejercer sus derechos procesales de manera plena durante la investigación.
“En casos debidamente justificados y luego de un debido proceso, un partido político sí podría ser pasible de consecuencias señaladas en la Ley, sin que ello implique una afectación al derecho de participación política”, se lee en el fallo.
Entre los investigados por el Ministerio Público en este caso se encuentran José Luna Gálvez, Martín Bustamante Castro, Jorge Zegarra Lévano y Julio Torres Romero, entre otros.
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