El Poder Judicial (PJ) restituyó la condena de cuatro años de pena suspendida impuesta al prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, por el delito de negociación incompatible, debido a irregularidades en la licitación de la obra “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de La Oroya”.
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Según información de El Comercio, la Primera Sala Constitucional de Lima dispuso revocar parcialmente el hábeas corpus que había sido otorgado en primera instancia al exgobernador regional de Junín. Esto anuló la condena impuesta en 2019 y ordenó un nuevo pronunciamiento sobre el proceso judicial.
En agosto de 2023, el juez del Tercer Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, John Paredes Salas, emitió una resolución favorable al exfuncionario, argumentando que en el proceso judicial que condujo a su condena se habían vulnerado sus derechos.
Sin embargo, el Tribunal Superior determinó que las sentencias de primera y segunda instancia aplicadas contra Cerrón Rojas estaban adecuadamente fundamentadas y justificadas.
La resolución, fechada el 25 de octubre y notificada a las partes el 15 de marzo de 2024, fue impugnada por la defensa del líder prófugo de Perú Libre (PL).
El 26 de marzo, la defensa presentó un recurso de agravio constitucional con la intención de que el caso sea remitido al Tribunal Constitucional (TC).
El juez Paredes anuló la resolución del 18 de octubre de 2019, que confirmaba la condena de Vladimir Cerrón, variándola de efectiva a suspendida, y suspendió la sentencia del Quinto Juzgado Penal Unipersonal de agosto de 2019, ordenando un nuevo pronunciamiento sobre el caso.
La Procuraduría cuestionó esta decisión, señalando que el juez declaró nulas sentencias sin argumentos claros y actuó parcialmente al identificar actos lesivos en una resolución sin razones previas.
Durante el proceso ordinario, Cerrón no objetó la falta de correspondencia entre la acusación y la sentencia condenatoria, pero lo hizo en un recurso de hábeas corpus, argumentando que se le condenó por hechos no incluidos en la acusación.
La Corte Suprema confirmó la sentencia contra Cerrón en marzo de 2022, resultando en una pena suspendida dictada por la Sala de Junín en octubre de 2019, variando la sentencia previa de cárcel. Además, se confirmó la inhabilitación para ejercer cargo público y el pago solidario de S/850 mil por reparación civil.
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