El Poder Judicial condenó a 12 años de pena privativa de la libertad a Yván Vásquez Valera, quien fue presidente regional de Loreto entre 2007 y 2014, por el delito de colusión agravada.
MIRA: Ucayali: Ciudadanos tomaron comisaria en Atalaya ante creciente inseguridad
La sentencia también incluye a otros tres implicados en el mismo delito, relacionado con irregularidades en la ejecución de la obra de “Mejoramiento y ampliación del sistema de alcantarillado e instalación de las plantas de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Iquitos”. Los condenados son los exfuncionarios Walter Jaime Ríos Babilonia y Jorge Lucio Mantilla Rodríguez, así como al proveedor de servicios Werner Saul Guevara Vargas.
Además, como parte de la sentencia, el juzgado determinó que los acusados deben pagar conjuntamente 1.4 millones de soles como reparación civil a favor del Estado.
Contraloría informó de irregularidades
En el juicio oral, el fiscal provincial Paul Peralta Chota demostró que los sentenciados conspiraron para tramitar indebidamente la aprobación de una ampliación del plazo en la ejecución de la obra, invocando causales indebidas, lo que provocó un retraso injustificado.
Las mencionadas irregularidades fueron señaladas por la Contraloría General de la República señaló en un informe de veeduría. Sin embargo, el entonces presidente regional de Loreto no tomó las medidas correctivas necesarias.
No es su primera condena
Cabe destacar que esta no es la primera condena para Yván Vásquez. En 2022, el Primer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Loreto-Maynas logró que el Juzgado Colegiado de Maynas lo condene a 10 años de prisión por enriquecimiento ilícito. Durante el juicio oral, se demostró un desbalance patrimonial de más de 2 millones de soles, evidenciado en la compra de bienes y acciones que no pudieron ser justificados.
Esta es la segunda sentencia condenatoria efectiva para Vásquez, ya que previamente fue condenado a nueve años de prisión por el ilegal direccionamiento del proceso para la construcción de cuatro “motochatas” fluviales en 2013, pena que fue confirmada en segunda instancia en 2021.
