Alcaldes de distritos limeños están a favor de intervención de militares, pero piden implementar estrategias adicionales

El Gobierno autorizó por un plazo de 30 días la intervención de las Fuerzas Armadas (FF.AA) en Lima y el Callao en apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP) a fin de “asegurar el control y el mantenimiento del orden interno” y “prestar apoyo en la ejecución de operaciones policiales”, ante el aumento del índice delictivo que ha sobrepasado la capacidad policial.

Este anuncio, que ha causado controversia entre especialistas, políticos y exfuncionarios, viene siendo saludado por alcaldes de distritos limeños, que vienen siendo afectados por la delincuencia. Tal es el caso del burgomaestre Raúl Díaz Pérez, de Comas, quien solicitó meses atrás al Gobierno que los militares salgan a las calles para proteger a la ciudadanía y se declare en emergencia la seguridad ciudadana.

“Deben ayudar al patrullaje integrado con la Policía y el Serenazgo. Los delincuentes hoy en día están organizados, tienen roles definidos y usan armas sofisticadas. Por más que haga un trabajo la Policía ya no se abasto y mucho menos los serenos que están desprotegidos. Al final, la que está en peligro es la población”, refirió el alcalde, quien está a cargo del segundo distrito con más denuncias por delitos según el último balance de la Policía

En el caso de su distrito, detalló, predomina el raqueteo (robos de celulares, carteras y otras pertenencias) y los asaltos a negocios (farmacias, bodegas, panaderías) y, pese a los esfuerzos que han hecho como la formación de un grupo de élite del Serenazgo y de 200 brigadas vecinales de seguridad ciudadana, no es suficiente.

“Necesitamos vigilancia en la zona de La Balanza, Belaúnde, Collique, Año Nuevo, puntos rojos en el distrito”, señaló a OJO.

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No obstante, aclaró que espera que esta medida forme parte de un plan enfocado en la seguridad ciudadana. “Yo exijo al presidente de la República (Pedro Castillo) que convoque al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, donde están todas las entidades involucrada, porque se captura a delincuentes dos o cuatro veces y por el mismo delito en el mismo lugar y circunstancias porque el Ministerio Público lo deja suelto”, cuestionó.

Agregó que también hacen falta leyes para endurecer las penas a los delincuentes, por lo que el Congreso debe actuar en esa materia.

Por su parte , el alcalde del Rímac, Pedro Rosario, donde hay 80 puntos rojos y se comete sobre todo el arrebato de celulares y el robo a taxis que brindan el servicio por aplicativo, sostuvo que mientras más instituciones se involucren para resolver este problema es mejor, por lo que está de acuerdo con que los militares apoyen a la policía en la seguridad ciudadana.

Sin embargo, anotó que se requieren estrategias adicionales a esta medida pues, de lo contrario, en 30 días podría volver el mismo escenario. “El problema en la seguridad va más allá, desde incrementar personas ligadas a combatir la delincuencia, luego viene el siguiente eslabón de una cadena que es reformar el Ministerio Público y Poder Judicial para que no exista impunidad”, explicó.

El burgomaestre contó, al igual que su colega de Comas, que muchas veces se dan capturas y después de 48 horas los delincuentes son liberados por el sistema de justicia. “Detenemos a personas que tienen hasta 15 intervenciones previas y vuelven a salir”, anotó a este diario.

A esto debe sumarse, dijo, la reforma de penales, donde los delincuentes hoy en día ingresan a hacer una maestría en criminalidad.

La Municipalidad de Los Olivos también se mostró a favor de esta medida dado el aumento de la incidencia delictiva en el distrito. En tanto, a municipios del Callao como Ventanilla les preocupa el sicariato. En la provincia constitucional, los homicidios crecieron en 30%.