El Estado peruano recibió una serie de recomendaciones para que se tomen medidas que garanticen los derechos individuales y colectivos de los pueblos y las mujeres indígenas tras el informe del Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la .

“Muchos países han expresado su preocupación por las deficiencias que existen en el Perú para la implementación de los derechos colectivos, tales como la consulta previa o el derecho a la educación intercultural bilingüe. Por este motivo, piden al Estado peruano que tome acciones inmediatas y trabaje articuladamente por el bien de nuestros hermanos y hermanas indígenas”, señaló Ketty Marcelo, presidenta de Onamiap.

Se informó que 29 países del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas hicieron recomendaciones específicas al Perú. En el caso de Alemania, Canadá y Estados Unidos, incidieron en que se debe realizar la consulta previa sobre todo en temas de actividades extractivas en territorios indígenas.

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“Las normas internacionales suscritas por el Perú establecen que la consulta previa se debe aplicar a cualquier medida que pueda afectar a los pueblos indígenas, como ocurre con los proyectos de ley. Sin embargo, se ha visto que esto no se cumple adecuadamente en ningún caso. Además, siete países recomendaron que se refuercen las medidas para prevenir y sancionar la violencia contra los defensores y defensoras indígenas”, manifestó Marcelo.

Asimismo, Noruega, España, Panamá, México y Colombia, indicaron que en el Perú se debe incidir en la ratificación de Acuerdo de Escazú, así como en la toma de medidas efectivas para reforzar la aplicación del convenio 169 de la OIT, y de medidas para proteger el territorio de los Pueblos Indígenas en situación de Aislamiento (PIA). Por su parte, España instó al Estado implementar un protocolo específico para el mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos.

“Ellos han pedido recursos humanos adecuados y un presupuesto específico a las instituciones que participan en el mecanismo multisectorial de defensores de DDHH, para garantizar una protección eficaz con un enfoque de género e intercultural con el fin de reducir el número de defensores víctimas de ataques de aquí hasta el año 2025. Además nosotras venimos exigiendo que este protocolo sea adecuado a defensores colectivos indígenas, como lo son las comunidades”, enfatizó la presidenta de Onamiap.

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