Dina Boluarte declarará ante Fiscalía por genocidio, homicidio calificado y abuso de autoridad

La Fiscalía de la Nación citó a la presidenta Dina Boluarte y al primer ministro Alberto Otárola para que el próximo miércoles 27 de septiembre amplíen sus declaraciones indagatorias en el marco de la investigación preliminar que se les sigue por las muertes durante las protestas de diciembre y enero últimos contra el Gobierno y el Congreso.

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Mandataria y premier Otárola han negado ser responsables de las muertes de quienes protestaban contra el Gobierno que dirigen.

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Los derechohabientes de las víctimas (deudos) también están citados a declarar y ellos reclaman justicia.

Cargos en contra

Dina Boluarte y Alberto Otárola, investigados por cometer los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y abuso de autoridad, deberán asistir a la sede del Ministerio Público, en el Centro de Lima, a las 9:00 a.m. y a las 2:30 p.m., respectivamente, dice la citación cursada por la Fiscalía de la Nación.

A declarar en fila

Además de Boluarte y Otárola, la Fiscalía ordenó recibir la declaración indagatoria del exministro del Interior Víctor Rojas, citado para el 21 de septiembre a las 2:30 p.m. en la referida sede. Ese mismo día, a las 9:00 a.m., también se espera tomar la ampliación de la declaración de César Cervantes, extitular de la misma cartera.

Ministro de Defensa

Para los actuales ministros de Defensa, Jorge Chávez, y del Interior, Vicente Romero, se ha fijado que rindan sus declaraciones indagatorias el 22 y 25 de septiembre, respectivamente.

Ministros y exministros son citados por integrar los gabinetes durante las protestas en Lima, Puno, Ayacucho y Cusco, entre otras regiones.

Genera dudas

Presidenta y premier alegan inocencia ante las muertes. Críticos del Gobierno considerar que la investigación exculpará a Dina Boluarte por sus supuestos nexos con la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

Incluso, en enero, un grupo de abogados de Arequipa denunció ante la Corte Penal Internacional a la presidenta Dina Boluarte, el premier Otárola, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y otros por genocidio y lesa humanidad debido a las muertes y heridos civiles de las protestas.

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