A nivel nacional, hay 2998 menores en líos con la justicia

Alarmante: Tasa de menores infractores de la ley se duplica en 15 años

Actualizado el 26/07/2022, 02:26 p.m.

El Gobierno alista un proyecto de ley para que los menores, desde los 16 años, sean condenados cuando cometan delitos y dejen de ser considerados como “infractores a la ley”, figura que existe actualmente y ha sido aplicada a un total de 2998 adolescentes.

De ellos, 1723 están albergados en los diez Centros Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación, siendo el más poblado el de Lima, conocido como “Maranguita”, según el Ministerio de Justicia (Minjus). Es en esta región, además, donde hay más infractores juveniles, seguida de La Libertad y Piura.

El 51,2% de estos adolescentes han cometido faltas contra el patrimonio, sobre todo robo agravado, hurto agravado y extorsión. Otro porcentaje importante, el 25,9% han cometido infracciones contra la libertad sexual; es decir, violación sexual, actos contra el pudor y secuestro y trata de personas. Por otro lado, el 12,6% atentó contra la vida, el cuerpo y la salud, de los cuales y 8,4% contra la seguridad pública.

Las regiones donde los adolescentes cometieron la mayor cantidad de infracciones fueron las siguientes: Lima (330), La Libertad (230), Piura (117), Junín y Ucayali (86) respectivamente.

Otros 1275 menores han sido derivados a Servicios de Orientación al Adolescente, ya que se les dictó una medida socioeducativa de libertad restringida y asistida.

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Rechazan proyecto de ley que buscará condenar a menores

A raíz de la propuesta que planteará el Ejecutivo, el Grupo Impulsor para poner Fin a la Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes, que agrupa a organizaciones como Save the Children, expresó su rechazo debido a que este tipo de norma atenta contra la protección establecida en la Convención sobre los Derechos del Niño. Además, resaltó que esta población requiere protección en su entorno familiar y comunitario.

“La experiencia ha demostrado que agravar las sanciones no reduce las infracciones de adolescentes. En lugar de ello, se requiere brindarles cuidados y protección especial, garantizar acceso a la educación, prevención de violencia y oportunidades para la formación profesional”, señaló.

Para colectivos que defienden derechos de los niños, el Gobierno debe enfocarse en garantizar acceso a la educación y formación.

La Defensoría del Pueblo agregó que “cualquier propuesta legislativa que busque modificar la responsabilidad penal especial que tiene los adolescentes estaría vulnerando los derechos de personas menores de edad que incurren en hechos con relevancia penal e impidiendo que reciban un trato conforme a su grado de desarrollo”.

En tanto, el exviceministro del Mininter, Nicolás Zevallos, resaltó en sus redes sociales que asignar responsabilidad penal a un menor de 18 años no es “seguridad ciudadana”, sino claudicar como Estado en su deber de protegerlo.