Alan García: SIP asegura que persigue a la prensa con aval de los jueces

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) consideró hoy "un retroceso y un acto de persecución judicial" la condena a prisión del periodista peruano Fernando Valencia, quien fue declarado culpable de difamar al expresidente Alan García.
"Esta sentencia judicial (a favor de Alan García) representa una muy preocupante tendencia que parece haber entre los jueces peruanos de condenar a prisión o a severas multas a periodistas por opinar sobre asuntos de interés público", subrayó Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP.
La SIP, con sede en Miami (EE.UU.), precisó que Valencia, exdirector del Diario 16, recibió la sentencia de un año y ocho meses de prisión "suspendida", acusado de difamar al expresidente Alan García (1985-1990 y 2006-2011).
"Es un retroceso y un acto de persecución judicial muy grande que va, obviamente, contra los estándares interamericanos en materia de libertad de expresión", expresó Paolillo.
Según la SIP, el periodista, que apelará el fallo, también deberá entregar una reparación monetaria a Alan García de unos 30.000 dólares.
Alan García denunció a Valencia por la portada del Diario 16 en su edición del 1 de marzo de 2013, en la que se citaba unas declaraciones del actual presidente de Perú, Ollanta Humala, en las que afirmaba "Ladrones a la cárcel y no en el poder", en referencia a la gestión de su antecesor en la Presidencia.
Por su parte, el abogado defensor del periodista, Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal (IDL), consideró que la sentencia a favor de Alan García es "una vulneración a la libertad de expresión de un periodista peruano solo por el hecho de cumplir su misión".
La SIP denunció también el caso de Rafael León Rodríguez, demandado también por difamación en 2014, por la exeditora general de El Comercio Martha Meier Miró Quesada, quien se sintió agraviada por el contenido de una columna de su autoría.
La lectura de su sentencia, que podría conllevar una condena penal de tres años de prisión y un castigo económico, está prevista para el próximo 3 de mayo, señaló la SIP.