La ley 32181 que deroga la detención preliminar en casos de no flagrancia, aprobada por el Congreso y promulgada el último miércoles por el Ejecutivo, “atan de manos” a la Fiscalía y el Poder Judicial en la lucha contra el crimen organizado.
Así lo aseguró Víctor Cubas, vocero del Ministerio Público, quien refirió que se evalúa presentar una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional y pidió al Ejecutivo que la disposición no tenga efecto inmediato.
“La finalidad (de esta medida) era evitar que personas involucradas en la comisión de delitos, al tener conocimiento de que están siendo investigadas, pudiesen fugar”, sostuvo.
Los exministros del Interior Rubén Vargas y Carlos Basombrío consideraron que esta ley favorece al crimen organizado y a las economías ilegales. “Si al extorsionador o el sicario se le descubre por trabajo de inteligencia no los pueden detener y se fugarán”, explicó Basombrío.
RETROCEDE. Tras los críticas, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, expresó su preocupación y aseguró que tomarán acciones para corregir lo promulgado.
“No permitir la detención preliminar a quienes no están en flagrancia parece que va a limitar la acción de la justicia. Es un tema que debemos revisar y rectificar”, indicó.
Por otro lado, la congresista de Fuerza Popular, Patricia Juárez, justificó la medida argumentando que busca “detener los excesos” que se han dado.
La norma fue presentada como proyecto de ley por Waldemar Cerrón basado en que “sirve para fabricar colaboradores”.
