La muerte de un adolescente de 17 años que permanecía retenido en la comisaría de Manchay ha generado cuestionamientos sobre las condiciones en las que estuvo bajo custodia policial y ha motivado la intervención de la Defensoría del Pueblo, que exige una investigación rápida, exhaustiva y transparente para esclarecer lo ocurrido.
Representantes de la institución se reunieron con los padres del menor, quienes reiteraron sus denuncias sobre presuntos malos tratos, aparentes tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como posibles actos de corrupción que habrían ocurrido durante la permanencia de su hijo en la dependencia policial.
Ante la gravedad del caso, la Defensoría solicitó formalmente a la Policía Nacional información detallada sobre la custodia del adolescente, incluyendo los registros de detenidos y ocurrencias, la identificación de los agentes responsables, los protocolos aplicados para proteger su integridad, las acciones adoptadas frente a las lesiones que presentaba y las grabaciones de videovigilancia de los días en que permaneció retenido.
La entidad también demandó a la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lurín conducir una investigación objetiva, imparcial y sin dilaciones que permita determinar cómo ocurrió el fallecimiento mientras el menor se encontraba bajo responsabilidad del Estado.
Asimismo, pidió a la Inspectoría General de la Policía Nacional iniciar una investigación administrativa para establecer posibles responsabilidades funcionales y verificar si se cumplieron los procedimientos establecidos para la custodia de personas menores de edad.
El caso viene siendo seguido de cerca por la Defensoría desde el pasado 15 de junio, cuando sus representantes acudieron a la comisaría de Manchay para inspeccionar el ambiente donde el adolescente permaneció retenido antes de ser hallado en estado crítico. La supervisión buscó verificar si existieron vulneraciones a sus derechos fundamentales o posibles actos de tortura y malos tratos.
Paralelamente, la institución ha solicitado al Instituto de Medicina Legal los resultados de la necropsia y ha requerido información sobre las acciones adoptadas por la Inspectoría General de la Policía.
“La muerte de una persona menor de edad bajo custodia estatal exige el máximo nivel de transparencia y responsabilidad por parte de las autoridades”, advirtió la Defensoría, que anunció que continuará supervisando las investigaciones hasta que se esclarezcan los hechos y se determinen las responsabilidades correspondientes.
El caso ha reabierto el debate sobre las condiciones de detención en dependencias policiales y la obligación del Estado de garantizar la vida e integridad de toda persona que se encuentre bajo su custodia.
