Las familias de Mariella Baca Briones, Lesly Vicente Félix y Joshuany Muñoz Bravo no solo vienen afrontando el dolor de haberlas perdido, también batallan a diario contra la impunidad que promueve el propio sistema de justicia peruano.
Estas tres jóvenes mujeres, según las indagaciones hechas por sus familiares, fueron víctimas de feminicidio; sin embargo, dicho delito aún no ha quedado dictaminado en un fallo y, lo que es peor, tampoco hay nadie, hasta ahora, detenido por arrebatarles la vida.
Esto ocurre pese a que sus muertes van a cumplir entre tres y cuatro años, el mismo tiempo que sus familias llevan lidiando con la ineficiencia y la revictimización de las instituciones del Estado encargadas de investigar y sancionar este ilícito.
“Cuando mataron a mi hermana, mataron a toda la familia”, expresó Rosmery Caldas Félix sobre lo que vivieron tras el asesinato de Lesly, en Huánuco, en julio de 2020, el cual continúa en investigación preliminar y ni siquiera ha sido esclarecido. Ese sentir lo comparten los padres de Mariella, a quien le quitaron la vida en 2021, en Lambayeque, y cuyo principal sospechoso es su pareja Rodrigo Pacheco Bado. “Ahora nos falta ella y no hay felicidad”, dijo su madre Mariela Briones.
La cruda realidad: El compromiso que asumimos
Ellas, al igual que el papá de Joshuany, Pablo Muñoz, exigieron justicia frente al “Tribunal contra el Feminicidio”, iniciativa organizada por la asociación “Familias Unidas por Justicia” (FUJ) donde, de forma simbólica, sancionaron a entes estatales (Policía, Fiscalía, Poder Judicial) por cometer negligencias que han favorecido la impunidad en estos casos.
¿Cuál es la situación de los feminicidas?
Según Sandy Evangelista, presidenta de FUJ, de las 60 familias que hoy reúne la asociación, 12 todavía no obtienen justicia, cifra que se condice con la realidad pues de los 755 presos por feminicidio al término de 2022, el 40,3 % está en condición de procesado, de acuerdo al informe “Perú: Feminicidio y Violencia contra la Mujer”, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
A esto se suma lo advertido por el jefe del INEI, Dante Carhuavilca, en la presentación del mencionado estudio: que el número de internos que ingresan a un penal cada año por este delito no iguala al de feminicidios también anualmente.
“Entre 2021 y 2022, se incrementaron en 72 los internos por feminicidio, pero la pregunta que nos hacemos es que en el 2022 fueron 147 feminicidios, ¿dónde están los 75 restantes? (...). Más de la mitad de los victimarios no está recluido en un penal”, sostuvo, lo que se ha repetido año tras año según comprobó este diario.
Además, en base al Programa de Recompensas del Ministerio del Interior (Mininter), hay un total de 24 prófugos de la justicia por este delito, que llevan incluso más de siete años con paradero desconocido.
“La impunidad afecta la vida de las familias, ataca su salud mental, su condición socioeconómica, y lastima su esperanza de justicia”, refirió Evangelista.
En el 2023 van 122 feminicidios
Hasta septiembre de este año, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) ha registrado 122 feminicidios a nivel nacional, los cuales se han concentrado en Lima y Arequipa. Al igual que en otros años, las principales víctimas son menores de 40 años.
De acuerdo al informe del INEI, de cada diez víctimas reportadas en los últimos ocho años, entre cinco y seis tienen de 18 a 39 años. No obstante, el delito afecta a otros grupos etarios como las adultas mayores, que representan entre el 3 % y 7 %.
Asimismo, reveló que el 71. 4 % de quienes cometen feminicidio, la expresión más extrema de la violencia contra las mujeres, son parejas actuales o exparejas de las víctimas.
OJO AL DATO. El Perú tiene una tasa de feminicidio de 0.9 por cada 100 mil mujeres, ocupando el onceavo lugar en América Latina.
