Ante la ola delictiva que azota al país, los ciudadanos exigen que el Estado asuma su responsabilidad en la lucha contra la delincuencia cada vez más violenta y extendida. La Policía tiene la responsabilidad de detener a los delincuentes y para ello requiere de armamento, vehículos, equipos de comunicación y soporte de inteligencia. Pero el sistema de administración de justicia también está en deuda, porque a diario se detiene a delincuentes, incluso en flagrancia, pero en días y a veces en horas vuelven a las calles porque el Ministerio Público y el Poder Judicial no cumplen con su deber y, con mano blanda, los liberan. Además hay responsabilidad del Gobierno, que deja ingresar a maleantes extranjeros, y del Congreso que no dicta normas para endurecer el brazo de la ley. Con derecho, la población exige seguridad, mientras asaltos, extorsiones, asesinatos, prostitución y secuestros ocurren con total impunidad.
