Lo que están atravesando las grandes empresas de transporte urbano debido a la ola creciente de extorsiones a mano armada es el resultado de la inoperancia de las autoridades, principalmente la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Todo esto ha venido sucediendo desde hace años en el norte, principalmente en Trujillo, y en su momento se alertó de que estas mafias podrían llegar a Lima, como finalmente sucedió. Se hizo muy poco para identificar, capturar y poner tras las rejas a estos criminales, que se han multiplicado y ampliado sus territorios de acción. Ya no es novedad que colectiveros, mototaxistas, farmacias, bodegas o ferreterías paguen cupos, como sucede en Carabayllo, Comas o San Juan de Lurigancho. A estos pequeños emprendedores no les queda otra alternativa que pagar cupos, pues de por medio están sus vidas y la de sus familiares. Frente a esta dura realidad, ¿dónde está el Gobierno?
