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Derrames de petróleo, contaminación del agua y conflictos socioambientales relacionados a actividades extractivas son situaciones que afectan a miles de pobladores; sobre estos últimos, la Defensoría del Pueblo de Perú ha reportado que “los casos socioambientales continúan siendo los más numerosos (64.4 %)”. Situaciones como esta hacen que exista una gran preocupación por mejorar los estándares de transparencia de la información ambiental y social de los impactos de actividades petroleras, gasíferas y mineras en la iniciativa internacional EITI; evaluación que se realizará esté 1 y 2 de marzo en Buenos Aires.
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Al respecto, Vanessa Cueto, vicepresidenta de la asociación civil peruana DAR y representante de sociedad civil de EITI Perú, subraya: “creemos que es necesario que todo el requisito 6.4 del Estándar EITI sea obligatorio, estableciendo con ello que los países implementadores deben divulgar información sobre la gestión y seguimiento del impacto socioambiental, la transición energética de las industrias extractivas, la calidad del agua y del aire, e incluso los impactos en la salud de las personas”.
De esta manera, se pide que sea obligatorio, y no opcional, poner a disposición de la ciudadanía la información a nivel de proyecto de todas las evaluaciones y monitoreos ambientales y sociales, que muestre el impacto real de la actividad extractiva en los ecosistemas y las comunidades.
Así también, liberar la información sobre todas las licencias y autorizaciones ambientales, desagregadas por empresa y proyecto, incluyendo cómo las autoridades monitorean los compromisos ambientales y sociales; sobre los compromisos de transición energética, incluidos los precios e impuestos al carbono, divulgación de subsidios, reservas, precios de equilibrio/cierre o planificación de escenarios de transición energética; y sobre acuerdos de consulta previa.
Esta realidad no le es ajena a Argentina, donde el reciente auge de la actividad minera, sobre todo de la minería de litio, vuelve particularmente necesario fortalecer la transparencia de las industrias extractivas. Sobre este punto, Nina Sibilla, coordinadora de Democracia de la organización Fundeps Argentina, resalta: “De allí la importancia que reviste la implementación del estándar EITI para Argentina, no solo a nivel nacional sino también a nivel subnacional, a través de la implementación adaptada solicitada por el Gobierno argentino”.
“Frente a esta situación, desde Fundeps Argentina consideramos necesario que el Consejo del EITI apruebe la obligación para los Estados miembros y las compañías de transparentar información sobre transición energética como parte del Estándar EITI”, enfatiza Sibilla.
+100 voces por la transparencia
Perú no es el único país que ha levantado su voz para que esta iniciativa incremente los niveles de transparencia que exige a sus miembros. Recientemente, más de 100 organizaciones del continente americano enfatizaron este pedido mediante una comunicación formal dirigida a los miembros del Consejo del EITI.
Dicha carta fue firmada por países como Guyana, donde la sociedad civil también apoya el llamado para que el Requisito 6.4 del Estándar EITI sea obligatorio. Al respecto, Vanda Radzik, como parte de los representantes de la sociedad civil del MSG-Civic de EITI Guyana, resalta que “las empresas extractivas deben proporcionar una contabilidad de costos completos del agotamiento del capital natural en los informes EITI. Este problema debe definirse como la extracción no compensada de recursos no renovables y amenazados y registrarse como una deuda ecológica”.
Asimismo, también en países como Filipinas, se viene reiterando el pedido de una mayor transparencia ambiental en operaciones mineras como se menciona en una comunicación formal del gobierno de Filipinas a la Alta Dirección del EITI. Sobre ello, Chad Llanos, representante de sociedad civil del EITI Filipinas, sostiene que “El EITI está previsto para disminuir las desigualdades y garantizar el desarrollo sostenible a través de una distribución justa de los ingresos de las industrias extractivas sin embargo es necesario publicar la data de los impactos”.
El pedido de mayor transparencia ambiental en las actividades extractivas es un reclamo urgente porque los países de América Latina y El Caribe han sufrido graves afectaciones, como el derrame de más de 11000 barriles de petróleo ocurrido en el mar peruano el año pasado en la Refinería La Pampilla, operada por la empresa Repsol, donde la sociedad civil y las poblaciones locales denunciaron la falta de transparencia, e incluso la empresa fue multada por ello.
