Decir que “los derechos humanos son para las personas, no para las ratas”, al ser consultado sobre el silencio del Ejecutivo frente a las víctimas de las protestas sociales contra Dina Boluarte, le ha traído al ministro de Educación, Morgan Quero, una avalancha de críticas, denuncias, una moción de interpelación y hasta pedidos para que deje su cargo.

Su lamentable respuesta trajo primero la reacción de la Defensoría del Pueblo, que a través de un comunicado calificó sus palabras como “deplorables” y exigió a la jefa de Estado su inmediata destitución. En esa línea se manifestó el Colegio de Abogados de Lima al rechazar su “alarmante falta de sensibilidad”.

“Exhortamos a la presidenta y al Consejo de Ministros a evaluar la permanencia del señor Morgan Quero al frente del Ministerio de Educación”, señaló.

A estas solicitudes, se sumaron denuncias en su contra por el presunto delito de discriminación, las cuales fueron interpuestas por el abogado Javier Adrianzén y el presidente del partido Voces del Pueblo, Ronald Atencio.

REACCIONES. En el Congreso, hubo posiciones divididas respecto a lo dicho por el ministro. El congresista Carlos Zeballos, de Podemos Perú, consideró que se “reabren heridas” y su colega Ruth Luque, del Bloque Democrático Popular, dijo que demuestra “ignorancia y desprecio”.

La bancada Juntos por el Perú - Voces del Pueblo (JP-VP) presentó una moción de interpelación en contra de Quero. “Exigimos su renuncia; de no hacerlo, la interpelación será el paso previo a su censura irremediable”, refirió el congresista Roberto Sánchez, integrante de esa agrupación.

En tanto, el congresista Alex Paredes, del Bloque Magisterial, descartó apoyar alguna moción argumentando que “las personas a veces se equivocan”, mientras que para Jorge Montoya, de Honor y Democracia, solo basta que aclare sus palabras.

Según Quero, no escuchó bien la pregunta y creyó que estaba vinculada a los derechos humanos de los violadores. Además, pidió disculpas por el dolor de las familias.

OJO AL DATO. El Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho lo declaró persona no grata y las familias de las víctimas lo cuestionaron.