El presidente de la República, , afirmó que en el Perú se está viviendo la crisis más grave de la historia. Esto, en referencia a que la economía peruana cayó 40% en abril, debido a la emergencia sanitaria generada por el nuevo (COVID-19).

“Este virus ataca por igual, no hace distingo si estás viviendo en la costa, sierra o selva o nivel económico social. Los 32 millones de peruanos estamos en riesgo de ser infectados por el COVID-19. Y es que esta es la crisis más grave de nuestra historia. Lo dijimos el 15 de marzo cuando declaramos la cuarentena y el estado de emergencia en función a las cifras que fuimos analizando con los diferentes sectores productivos y sociales y en el propio MEF determinamos que el efecto de esta crisis iba a superar largamente el sector, que es al sector que afecta directamente el virus”, señaló en conferencia de prensa realizada en Palacio de Gobierno.

El mandatario recordó lo expresado en una oportunidad por la ministra de Economía, María Antonieta Alva, quien señaló que la consecuencia económica de la crisis por el COVID-19 en el Perú, podría ser similar a la que tuvo el país después de la Guerra del Pacífico. “Sabíamos que esta enfermedad iba a generar una crisis nunca antes vista y que iba afectar la salud, economía, empleo. Es decir a toda la sociedad. Así se venía venir de complicadas las cosas para el país y para el mundo”, agregó el jefe de Estado.

Vizcarra ratificó que las medidas que tomó el Gobierno a la fecha en la lucha contra la pandemia eran necesarias. “Eran las medidas urgentes que teníamos que tomar como Gobierno, Estado y sociedad. Si no hubiéramos tomado la decisión el 15 de marzo, los resultados que hubiéramos tenido hubiera sido de dimensiones muy superiores a las que ahora estamos viviendo”, remarcó.

El Poder Ejecutivo dispuso la extensión del estado de emergencia nacional hasta el día martes 30 de junio. Este rige en el país desde el pasado 16 de marzo. La medida implica el aislamiento y la inmovilización obligatoria a fin de prevenir la propagación del COVID-19.

Desde el 25 de mayo, la inmovilización social obligatoria (toque de queda) va desde las 9 p.m. hasta las 4 a.m. en casi todo el país, a excepción de las regiones Tumbes, Lambayeque, La Libertad, Loreto, Ucayali, Ica, Piura y tres provincias de Áncash (Santa, Casma y Huarmey) donde será de 6 p.m. a 4 a.m.

Entre las recientes medidas implementadas por el Gobierno y que rigen desde el lunes 25 de mayo, está que las personas pueden tramitar pases vehiculares distritales, que les permitirán utilizar sus vehículos particulares para el abastecimiento de alimentos, medicinas y servicios financieros en los distritos en donde residen.

De igual forma, desde el 25 de mayo nuevas actividades económicas han vuelto a operar, en lo que será el inicio de una nueva etapa de la reactivación productiva, entre ellas se encuentra el comercio electrónico y el servicio de peluquería a domicilio, entre varios otros servicios.

Otra de las medidas implementas es la salida de menores hasta los 14 años por el lapso de media hora y a 500 metros de distancia de sus hogares que comenzó a regir desde el lunes 18 de mayo. Respecto a esta medida, el Minsa actualizó la lista de distritos considerados de alto riesgo en los que no se recomienda a los padres de menores de 14 años realizar los paseos permitidos por el Gobierno.

A diferencia de la primera lista, la nueva solo excluye a Surquillo de los distritos con alto nivel de transmisión de COVID-19 en Lima Metropolitana. Los distritos capitalinos con alto riesgo son: San Juan de Lurigancho, Lima Cercado, San Martín de Porres, Ate, El Agustino, Comas, Villa el Salvador, La Victoria, San Juan de Miraflores, Santa Anita, Rímac, Villa María del Triunfo, Puente Piedra, Los Olivos, Chorrillos, Independencia, Carabayllo, San Miguel y Breña.

El 2 de junio, el Ministerio de Salud (Minsa) aprobó una directiva sanitaria que permite la reincorporación progresiva de la actividad física y de recreación en espacios públicos durante la cuarentena. También el Gobierno amplió la emergencia sanitaria en todo el país hasta el 7 de setiembre. La prórroga es por 90 días más a partir del 10 de junio y permite implementar acciones que se requieren para enfrentar la pandemia del COVID-19.