Las AFP entregan un estado de cuenta cada trimestre del año. Este informe llega al correo electrónico que registró la persona al momento de afiliarse al fondo de pensiones.
Las AFP entregan un estado de cuenta cada trimestre del año. Este informe llega al correo electrónico que registró la persona al momento de afiliarse al fondo de pensiones.

Diversos especialistas mostraron preocupación por la propuesta de la Comisión de Reforma de Pensiones del y coincidieron en manifestar que ahora no es el momento de debatir un tema tan importante para los peruanos debido a que estamos semanas de las Elecciones generales de Perú de 2021, por lo que este planteamiento debe ser analizado por las autoridades legislativas que sean elegidas en abril.

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En efecto, en el webinar “Las elecciones, la reforma de las pensiones y el impacto económico”, el exministro de Economía, Alonso Segura, sostuvo que el proyecto de ley de la llamada Comisión Omonte, que propone que el Estado administre las pensiones a través de la creación de una entidad pública, tiene graves problemas de forma y fondo, y que está aislada de la estructura productiva del país y del mercado laboral. “No es una propuesta adecuadamente analizada. Es peligrosa, potencialmente, también para las finanzas públicas”, señaló.

Segura también cuestionó que el proyecto vaya a lograr los objetivos trazados. “No es la manera de tratar de generar mayor cobertura, mayor densidad de contribuciones y reducir los costos de gestión del sistema, dentro de un marco que le dé seguridad a la gente de que va a tener una pensión. Al contrario, vamos a ir como el cangrejo”, comentó.

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María Isabel León, presidenta de la Confiep, por su parte, afirmó que el proyecto no toma en consideración las opiniones técnicas de organismos públicos y privados. “Este importante proyecto de reforma de las pensiones tiene que verse en un siguiente Congreso, en el que se dé cabida a las voces técnicas y profesionales que puedan ser escuchadas”, indicó.

León agregó que una reforma de pensiones debe ir acompañada de una reforma laboral que promueva la formalización, para que más personas participen en el sistema previsional. Igualmente, dijo que la propuesta del Congreso, a la que calificó de mala, debe respetar la libertad constitucional de los ciudadanos de elegir el sistema que deseen. “No se puede imponer un sistema público o un sistema solamente administrado por este sector”, enfatizó.

Hugo Perea, economista jefe del BBVA, manifestó que hay mucha inconsistencia en el proyecto de ley. “Es un mal proyecto. Es pésimo. No considera dos temas claves al momento de formular una reforma, que tienen que ver con las características de la economía peruana, sus niveles de informalidad y, en segundo lugar, la solvencia fiscal”, apuntó el especialista, quien también explicó que el proyecto no tiene una estimación del costo fiscal de sus propuestas.

Además, Perea cuestionó que una entidad pública defina los lineamientos para las inversiones del sistema previsional, pues no tendría la capacidad de gestión para generar una asignación adecuada de los portafolios, lo cual tendría un impacto en las pensiones de millones de personas. “No veo las garantías institucionales, la capacidad de gestión adecuada. Nada está garantizado que mañana, más tarde, esta entidad pueda hacer un uso político y manejar con criterios no necesariamente técnicos algo tan sensible como es el tema de las pensiones”, detalló.

A su turno, Julio Lira, director periodístico de Diario Gestión, coincidió en que la reforma de pensiones debe estar asociada a una reforma laboral y agregó que estas épocas electorales no serían el mejor momento para tomar decisiones que van a tener incidencia a largo plazo.

Respecto a la propuesta del proyecto de ley del Congreso para que los empleadores se hagan cargo de una parte de los aportes de los afiliados, los especialistas coincidieron en que esta medida fomentará la informalidad laboral.

Finalmente, expresaron que la propuesta de reforma del Congreso también preocupa a los inversionistas extranjeros, que ven en el proyecto de ley una especie de intervencionismo del Estado.

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