Nada ha cambiado para los transportistas desde que el Gobierno decidió decretar estado de emergencia en 14 distritos de Lima y el Callao por la ola de extorsiones a las que son sometidos.
Incluso, con la medida en marcha, las amenazas o atentados contra las empresas de transportes han continuado, como lo reportaron trabajadores de San Felipe, Sagrado Corazón de Jesús, Ramón Castilla, Patrón San Sebastián, entre otras. Tampoco han cesado los crímenes relacionados a extorsiones.
Frente a este panorama, el presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), Martín Valeriano, señaló que hoy el gremio no acatará un paro, pero lanzó una advertencia al Ejecutivo y Congreso.
Detalló que alistarán una huelga nacional en caso no se derogue la Ley 32108, que ha sido, para los expertos, un retroceso en la lucha contra el crimen organizado.
“Si el Congreso hace caso omiso, tomaremos acciones de un paro a nivel nacional”, refirió tras detallar que darán “un tiempo prudencial”.
JUNTOS. En esa misma línea se manifestó el Comité de Gremios del Perú, de transportes y otros rubros, a través de un pronunciamiento en el que rechaza el proyecto de Terrorismo Urbano y también solicita la derogatoria de la mencionada ley que el Legislativo defiende.
“Esperamos que el Gobierno cumpla con los compromisos ofrecidos tras el paro contundente del 26 de septiembre. Como emergencia nacional con estrategias, determinación, operancia y resultados de desarticulación de bandas criminales”, añade el documento dirigido a la presidenta Dina Boluarte y otras autoridades.
“Se exhorta a los gremios y ciudadanía a levantar su voz en favor de la vida de los peruanos”, dice el Comité de Gremios.
