En Piura, una trabajadora del hogar continuó, en plena emergencia, cuidando a un adulto mayor en la que casa donde laboraba. Ella desconocía que el anciano contrajo COVID-19 y terminó contagiándose. Dado ello, retornó a su hogar y terminó infectando a toda su familia.
Este caso no es el único. Al menos 60 trabajadoras del hogar contrajeron COVID-19 al cuidar o atender a empleadores contagiados o permanecer en casa de los mismos, reveló Leddy Mozombite, de la Federación Nacional de Trabajadoras del Hogar del Perú (Fenttrahop).
Explicó que durante los 73 días de emergencia sus compañeras fueron obligadas a trabajar ante la falta de un contrato y el temor de perder sus empleos, otras tuvieron que quedarse en casa de sus empleadores sin percibir sueldo porque no tenían dónde ir y un tercer grupo se quedó sin trabajo.
Ante ello, remarcó la necesidad de que cuenten con un contrato por escrito, el cual les permita acceder a derechos laborales como seguridad laboral, salud y beneficios sociales. “Nosotros no somos colaboradoras somos trabajadoras y tenemos derechos”, enfatizó Mozombite.
Frente a este contexto, Paulina Luza, de la Federación Nacional de Trabajadoras de Hogar Remunerados de Perú (Frentahogarp), remarcó la necesidad de que se establezca un plan para quienes están retornando a las casas donde trabajan.
Mozombite agregó que el 92% del medio millón de trabajadoras del hogar que existen en el país labora en condiciones informales. “Un contrato escrito demuestra la relación que se tiene con el empleador y beneficia a ambas partes, por eso pedimos que ya se implemente", sostuvo.
De acuerdo a una encuesta que realizó Fenttrahop a las trabajadoras del hogar en general, de 400 que contestaron, actualmente el 59% no tiene trabajo, 24% están de licencia sin goce y 9 % fueron despedidas sin indemnización. Solo un 4% sigue trabajando y otro 4% ha referido tener licencia o adelanto de vacaciones.
Cabe indicar que ambos gremios lanzaron la campaña “Tu casa también es un centro de trabajo. Convenio 189 de la OIT es vigente”, a fin de exigir al Estado Peruano que cumpla el Convenio 189 y elabore una nueva ley pues consideran los cambios en el decreto legislativo 1499 insuficientes.