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Se investiga posibles ejecuciones extrajudiciales de presuntos delincuentes por parte de la policía (PNP), en un caso que el ministro del Interior comparó con el escándalo de los 'falsos positivos' que remeció a Colombia cuando el ejército de ese país asesinó a civiles inocentes para hacerlos pasar como guerrilleros.
El creciente escándalo llevó a la Defensoría del Pueblo a solicitar públicamente a Carlos Basombrío, ministro del Interior, le "brinde información documentada sobre el caso, y en su oportunidad, sobre los resultados de dicha investigación".
"Según diversas fuentes periodísticas, entre 2012 y el 2015, miembros de la PNP (Policía Nacional de Perú) habrían ejecutado extrajudicialmente a 27 presuntos delincuentes", señala el Defensor del Pueblo, Eduardo Vega en una carta difundida en Twitter que su institución envió al ministro.
El Defensor subrayó que, a raíz del caso, "se ha informado que más de 90 policías estarían siendo investigados por el ministerio Público".
El ministro peruano, por su parte, comparó el caso con lo ocurrido en Colombia, en 2008, durante el gobierno de Álvaro Uribe: "Esto se parece mucho a lo que ha ocurrido en Colombia que conmovió a América Latina, que se llamó el caso de los falsos positivos. Es decir, se trata, no de justicieros, sino de personas que se aprovechan de estas circunstancias para tener beneficios, esa es la acusación".
Esos beneficios, según diversas publicaciones de prensa que destaparon el caso a cuenta gotas desde hace una semana, tienen que ver con incentivos económicos y ascensos en la institución en recompensa por la captura de bandas delincuenciales, ante la creciente ola de inseguridad ciudadana que golpea el país.
El ministerio del Interior anunció el lunes la creación de una comisión investigadora que en un plazo de 10 días debe emitir un informe sobre el caso, deslizando la posibilidad del delito de encubrimiento por parte de autoridades que dejaron sus cargos el pasado 28 de julio, cuando finalizó la gestión del presidente Ollanta Humala.
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