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Maritza Palacios vive preocupada. No sabe si el dinero que gana como vendedora ambulante le alcanzará para mantener a sus tres hijos, pues la amenaza del incremento del pasaje debido a la instalación de una garita en Puente Piedra en dirección sur a norte, afectará a su alicaída economía.
“Antes pagaba 50 céntimos de pasaje desde el óvalo de Puente Piedra hasta acá (el puente Chillón). De un momento a otro lo subieron a un sol. ¿Cómo voy a poder salir con mis hijos a pasear un fin de semana si en ida y vuelta el pasaje se nos incrementa en 10 soles?”, se pregunta Maritza sin encontrar respuesta mientras espera una cúster que la lleve al mercado Unicachi, en la primera entrada de Pro.
Descontento. Un contingente de más de cien policías custodiaba ayer la zona de conflicto. Dos “pinochitos” y dos camiones portatropas completaban la imagen de lo que fue un campo de batalla, en el que las garitas quemadas el jueves por los enardecidos pobladores fueron repuestas dando el aspecto de que ahí no pasó nada.
La presencia de las fuerzas del orden no intimidaba a los pobladores y dirigentes, que se reunieron bajo la sombra de un paradero junto a un puente peatonal para planificar las acciones a tomar, pues para ellos “el peaje no va”.
“Seguiremos con nuestra protesta, pero esta vez con inteligencia. Haremos un plantón vehícular con autos sin papeletas y con conductores con documentos en regla a la entrada del peaje”, comenta Giuliana Bustamante, vecina de Ancón, quien manifiesta su indignación por el comunicado emitido por Rutas de Lima en el que pide a los usuarios viajar por las rutas alternas para evitar el cuestionado peaje. “¿De qué rutas alternas están hablando? La única ruta alterna es irnos hasta el kilómetro 30 (de la Panamericana Norte) donde hay un desvío para la avenida Nestor Gambetta en el Callao”, señala con evidente fastidio.
Los transportistas y los usuarios no fueron indiferentes ante lo que consideran un atropello a sus bolsillos: “¡Abajo el peaje!, ¡Basta de robo!”, gritaban desde las ventanas de los autos y buses que pasaban por la garita que de momento no está cobrando el peaje en su sentido de sur a norte.
“De Ancón a Mega Plaza pagaba 5 soles en colectivo. Ahora me están cobrando 8 soles. Para ir a Lima el montó se incrementó de 10 a 12 soles. Todo sube, menos los sueldos, el presidente (Pedro Pablo Kuczynski) tiene que hacer algo”, se lamenta el pasajero de un colectivo informal que cubre la ruta Mega Plaza-Mi Perú.
Solución. Mario Guzmán, dirigente del colectivo ¡Movilízate ya!, manifestó que la instalación del peaje es arbitraria por estar dentro de una ciudad, además de señalar que el contrato puede ser modificado. “El capítulo 20 del contrato en su página 123 establece que sí se puede modificar el contrato, es mentira lo que dice el alcalde de Lima, no está atado de manos, pareciera que no ha leído el contrato”, comentó.
El gerente de Promoción de la Inversión Privada de la Municipalidad de Lima, Jaime Villafuerte dijo que el municipio está buscando una solución al tema y dejó abierta la posibilidad de hacer caso al reclamo de los vecinos y remover así la nueva garita.
“Estamos evaluando con la concesionaria distintas alternativas. Entre ellas es que el gobierno nacional o las municipalidades distritales en coordinación con la Municipalidad de Lima puedan generar una ruta alterna más próxima como la de Néstor Gambetta”, destacó.
Las protestas por la instalación de las garitas de peaje no son de ahora, pues en agosto de 2016 cerca de mil pobladores realizaron un plantón a la altura del óvalo del distrito de Puente Piedra. La medida obstruyó el paso de vehículos en la Panamericana Norte.
Respalda a vecinos. El Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, sobre el conflicto que dejó un saldo de 28 detenidos y miles de soles en pérdidas materiales, explicó que “lo que hay que hacer es renegociar ese contrato y peguntar a Invermet cómo es que lo ha supervisado y regulado. Pues, desde el punto de vista de la Defensoría, estos contratos no solo tienen que regularse o supervisarse en clave de construcción de obras y mantenimiento de pistas, sino también en derecho de los ciudadanos”, precisó.
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