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Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial deben actuar con firmeza, sin excepción, contra todos los que como funcionarios públicos cometieron actos de corrupción. Eso pasa por tramitar correctamente los documentos para detener a prófugos que, como el expresidente Alejandro Toledo, se hallan en el exterior para evadir a la justicia.
No basta con decir que ya se pidió detener a alguien, sino que urge lograrlo con gestiones efectivas, a fin de que el Perú vuelva a creer en un sistema que, desde el inicio de nuestra República, dejó libres a políticos corruptos que nunca pagaron por sus graves crímenes.
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